A propósito del terrible crimen contra las periodistas Marcela Yarce y Rocío González Trápaga, ocurrido en el DF, no olvidemos las cifras más recientes relacionadas con agresiones a profesionales de la comunicación.Las cifras a nivel nacional sobre estas agresiones son preocupantes. El año pasado, por lo menos 12 periodistas fueron asesinados en México, según la organización civil “Reporteros sin Fronteras”. El reporte más reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), difundido apenas el 6 de junio de 2011 a través de Frank La Rue, relator especial del organismo para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión, es todavía más dramático. Señala que 66 periodistas han resultado asesinados y 12 permanecen desaparecidos en nuestro país entre los años 2000 y 2010, lo que convierte a México en la nación más peligrosa de América Latina en el ejercicio de este oficio. A los 66 señalados, habrá que sumar ocho casos más en 2011, entre ellos, los de Marcela y Rocío.
Según el funcionario, es “la falta de voluntad política por parte de la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas de la PGR, parte de este problema”, ya que desde 2006, año en que fue creada, no ha alcanzado la sanción penal de un solo responsable y ha consignado apenas cuatro casos.
La Rue detalla los datos a partir de una misión oficial conjunta con la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, efectuada apenas en agosto del año pasado en territorio mexicano. Ambos visitaron el Distrito Federal, el Estado de México, Chihuahua, Guerrero, donde se reunieron con autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales, a nivel federal y estatal, además de organizaciones de la sociedad civil y de periodistas.
En el informe se detalla la ausencia de una política pública integral tendiente a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio; imposibilita que la sociedad mexicana contribuya a combatir el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población.
La Rue aseguró que durante su visita a México careció, en algunos casos, de información concreta en torno a condenas penales y administrativas, por lo que urgió por una política contra el crimen en defensa de las y los periodistas.
Por lo tanto, el relator urgió la necesidad de crear mecanismos de protección para los trabajadores de los medios de comunicación, que deben ser aplicados mediante un comité oficial e interinstitucional de alto nivel, de preferencia encabezados por una autoridad federal, y contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; dijo que estas instancias deben tener recursos propios y suficientes. Asimismo, recomendó la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en el diseño del esquema, así como de su funcionamiento y evaluación. Parte de sus conclusiones fueron las siguientes:
La violencia se ha extendido a grado tal que a partir del primer semestre de 2010 medios de comunicación nacionales sufrieron con mayor frecuencia intimidaciones y presiones por parte del crimen organizado para publicar o no cierta información; algo que con anterioridad afectaba principalmente a los medios estatales y locales.
Se recomendó (por lo tanto) fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales.
