Y “La Reina”, ¿de qué se ríe?

Foto: EFE

Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como “La Reina del Pacífico”, logró otro triunfo contra la justicia mexicana y está muy cerca de abandonar la cárcel de El Rincón, en Nayarit.

La presunta colaboradora de los capos que componían la denominada “Federación” ganó un amparo para no ser extraditada a Estados Unidos por delitos contra la salud, en específico por un cargamento de nueve toneladas de cocaína que fueron localizadas en el buque Maciel, uno de los pocos pendientes que tenía su defensa para absolverla de toda acusación ligada contra el crimen organizado.

Y es que el juez 13 de Amparo en Materia penal, Jesús Alberto Chávez Hernández, resolvió que Beltrán Ávila, acusada en los Estados Unidos de pretender distribuir 100 kilogramos de cocaína, y de ser copartícipe de aquel embarque de 900 kilogramos de esa droga, no puede ser juzgada en dos países distintos por un mismo delito.

Ya desde diciembre de 2010 una absolución judicial a su favor y de su pareja sentimental, Juan Diego Espinosa Ramírez,  “El Tigre”, significaron el fracaso de una investigación de más de seis años encabezada por el Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) y por la Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada entonces por Genaro García Luna.

La cercanía del actual secretario de Seguridad Pública con el CISEN obedece a que se formó en esa institución a la que ingresó en 1990, a los 21 años de edad, antes de formar parte de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la AFI.

En la institución dependiente de la Secretaría de Gobernación se desempeñó como subdirector de Protección, jefe del Departamento de Investigación Técnica de la Dirección de Servicios Técnicos y como investigador de la Subdirección de Asuntos Extranjeros.

Ya como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en octubre de 2007, éste funcionario elaboró un informe “de inteligencia”, donde detallaba el papel que jugó la pareja, absuelta por un juez como enlace entre el cártel mexicano de Juárez y el colombiano conocido como del Norte del Valle.

“El Tigre” era señalado el principal contacto entre los más importantes capos de la droga mexicanos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en aquel país actúan con grupos del narcotráfico.

Por su parte, Ávila Beltrán supuestamente apoyaba a los distintos capos de la droga asociados para ganar terreno a sus adversarios a través de su titularidad en empresas fachada. A ella le correspondía  apoyar a los establecidos en el cártel de Juárez, en específico al grupo de Ismael “El Mayo” Zambada, como lavadora de dinero.

A “La Reina”, todavía presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal, se le encontraron más de 220 propiedades en territorio mexicano, algunas utilizando algún nombre falso.

El documento de la SSP explica la importancia de “El Tigre” para mantener en contacto a grupos ilegales de Colombia con México. Trataba, por ejemplo, con los aún cabezas del cártel de Juárez,  “El Mayo” Zambada, Juan José Esparragoza, alias “El Azul”, y Vicente Carrillo Fuentes.

Sin embargo, su comunicación se ampliaba hacia los hermanos Beltrán Leyva y hasta con el prófugo y uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, según la revista Forbes, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En la época en la que se centraron esas investigaciones (todo el año 2001), todos ellos eran integrantes de la hoy disuelta asociación de narcos a la que se conocía como La Federación.

García Luna documentó, entonces, que con esta asociación de capos, los cárteles de Juárez y Sinaloa comenzaron a actuar como una gran empresa en la que redujeron riesgos de pérdidas y se enfrentaron sin tanto problema a sus adversarios: las organizaciones de los Arellano Félix y del Golfo, las cuales recibieron los peores golpes por parte de las autoridades federales durante la administración de Vicente Fox.

El reporte de la SSP detalla que Espinosa Ramírez, originario de Barranquilla, Colombia, exportó con su organización a Estados Unidos más de 500 toneladas de cocaína con un valor superior a los 10 mil millones de dólares, entre 1990 y 2004.

El texto explica que con la caída de los cárteles de Cali y Medellín, a finales de los 80 en Colombia, Diego Montoya, también identificado como “Don Diego”, se convirtió en el vínculo entre el cártel del Norte del Valle y las FARC.

“Don Diego llega a un acuerdo con la guerrilla para hacer el acopio de la hoja de coca, procesarla y trasladarla hacia Estados Unidos y México.

“En la década de los 90, Juan Diego Espinosa, ‘El Tigre’, sobrino de ‘Don Diego’, es enviado a México para encargarse de las relaciones entre el cártel del Valle del Norte y las organizaciones criminales que integran el cártel de Sinaloa”, indica el informe.

Montoya fue atrapado en el segundo semestre de 2007 en territorio colombiano, pocos días antes de la caída de su sobrino, caído en el Distrito Federal. Durante ese corto periodo de libertad, “El Tigre” se hizo cargo de la dirección de la organización delictiva sudamericana.

Estratégicamente, “El Tigre” se había establecido desde la década de los 90 en Guadalajara, Jalisco para controlar desde ahí el tráfico de cocaína en territorio mexicano y desde ahí mantener sus enlaces con Colombia, donde operó junto con “La Reina del Pacífico”, a quien hizo su pareja sentimental.

Los dos fueron atrapados el viernes 28 de septiembre de 2007, con sólo unas horas de diferencia, en la capital mexicana, presuntamente ligados con el aseguramiento, en 2001, del buque “Maciel” en Manzanillo, Colima, donde eran trasladadas 10 toneladas de cocaína.

Oficialmente se dijo que la investigación se había llevado más de seis años a través de un trabajo coordinado entre el CISEN y la flamante AFI, cuyo titular era García Luna.

Estos datos sustentaron las acusaciones que retomó la Procuraduría General de la República (PGR) para consignarlos por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, contra la salud (narcotráfico) y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

El 3 de diciembre de 2010, el titular del Juzgado 18 de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Norte, Fernando Córdova del Valle, resolvió que las pruebas aportadas por las autoridades federales no aportaban “los elementos necesarios” para sostener las acusaciones.

“No se acreditan las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión en que los nombrados sentenciados ejecutaron las conductas ilícitas por las que fueron acusados en este proceso”, señala el juzgador en referencia a la causa penal 101/2003.

“El Tigre” fue extraditado a Estados Unidos el 2 de enero de 2009, donde recibió la noticia de su absolución por los delitos cometidos en México, donde la PGR aún podía impugnar la resolución judicial a favor de los dos presuntos delincuentes a través de un tribunal unitario.

¿Resentidos con Calderón?

El presidente bajo juicio.

¿Quiénes son? Quienes, argumentando el uso de su derecho, critican la estrategia gubernamental de combate al narcotráfico. Dicen que eran 23 mil y ahora suman más de 30 mil. Aseguran que se les ha tachado de calumniadores, que obedecen a propósitos político-electorales y que los mueven el odio y el resentimiento. Públicamente manifiestan que se ha puesto en peligro la vida de cientos, quizá miles de ciudadanos.

¿De dónde salieron? De diversos ámbitos académicos, políticos y profesionales.

¿Contra quién es la queja? Contra el presidente Felipe Calderón, a quien señalan de incitar al linchamiento, por televisión, a sus críticos y a los defensores de derechos humanos del país, a quienes pone una diana en el pecho.

¿De qué lo acusan? De desatar la guerra. De sumir al país en una espiral de violencia, en la que diariamente hay más muertos y heridos. De incumplir los pronunciamientos de la ONU, la OEA, organizaciones civiles nacionales e internacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recomiendan la inmediata modificación de sus políticas que generan impunidad gubernamental y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

¿Qué le exigen? Que detenga ya este baño de sangre y que actúe a favor de la paz poniendo un alto a la impunidad gubernamental, la violación de los derechos humanos y la acción criminal de los delincuentes.

¿Qué medios utilizan para manifestarse? Un desplegado publicado en medios nacionales el viernes pasado, una página en internet en la que invitan a la población a adherirse a la petición a la Corte Penal Internacional para que investigue la situación en México y un blog donde ofrecen mayor información sobre el proceso.

¿Qué recomendación le hacen al mandatario? "Si usted cree que nadie en su gobierno ha cometido los crímenes de guerra y de lesa humanidad que hemos señalado, no debiera preocuparse por nuestra solicitud de información".

¿Y qué sigue? Nadie lo sabe. Habrá que esperar una nueva respuesta del presidente y aguardar cómo proceden los organismos internacionales. Hay quienes argumentan dentro de la esfera gubernamental que hay gente influyente que financia este movimiento. Los firmantes aseguran que abiertamente dan la cara y que su postura no obedece a intereses políticos ni requiere de invertir recursos. Quizá una vez que deje la administración, Felipe Calderón sepa qué ocurrirá con él y con sus funcionarios.

Periodistas solos frente al crimen

Febrero de 2010. Manifestación en Guerrero por agresiones al gremio.

Los esfuerzos individuales contra la agresión a periodistas han surgido hasta después de vivir el clima de violencia y por parte de medios informativos muy pequeños, algunas veces con el apoyo de organismos no gubernamentales.

Suelen ser periódicos o estaciones establecidas en el ámbito estatal y local, más no nacional, en las que los reporteros y periodistas son fácilmente ubicables.

Un caso ejemplar de esfuerzos de este tipo en México es el de Chihuahua, donde a partir del dominado Sistema Integral de Seguridad para Protección de Periodistas del Estado de Chihuahua, conformado entre autoridades y periodistas, se creó en agosto de 2010 un protocolo que apenas está intentando aplicarse.

Su contenido fue definido en una mesa técnica de trabajo comisionada para tal efecto por ambos sectores, teniendo como origen la preocupación por la escalada de violencia. El método consistió en definir principios generales de protección a la actividad periodística que vinculan a periodistas, medios de comunicación, autoridad y sociedad. Posteriormente se establecieron los procedimientos mínimos que el Sistema debía contener, destacando entre ellos un “Protocolo de seguridad para la cobertura de sucesos de alto riesgo”, pero también un procedimiento cautelar de protección y uno de flujo de Información.

El documento está integrado por recomendaciones generales y específicas de autoprotección. Las primeras deben constituir una acción permanente de los periodistas y los medios de comunicación; las segundas tienen aplicación únicamente, tanto en la cobertura como en la publicación de sucesos de alto impacto, que pudiesen constituir riesgo. En este apartado se consideró necesario seguir el modelo colombiano incluyendo medidas de autoprotección para los casos de “artefacto explosivo”, “amenaza”, “atentado”, “secuestro”, “hostigamiento por parte de elementos de la fuerza pública”, “protestas y desorden civil”, ya que cada uno de ellos tiene recomendaciones que sólo se actualizan en cada uno.

Siguiendo una política internacional y local de protección a la víctima, señala el documento, se incorporó el “Procedimiento cautelar de protección”, donde se propone el funcionamiento de dos órganos, uno técnico y otro plural e interinstitucional, con la representación rotativa de organizaciones periodísticas.

El grupo técnico, integrado por personal especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, califica amenazas y autoriza medidas cautelares necesarias para proteger al periodista, incluso sustrayéndolo del lugar de riesgo. A su vez, el Comité de Riesgo realiza funciones de seguimiento y evaluación a las decisiones de protección.

En el citado protocolo destacan propuestas novedosas como que el Estado coadyuve en la profesionalización y actualización continua de los periodistas, que instrumente y opere un procedimiento inmediato para salvaguardar a comunicadores amenazados, que investigue toda agresión a periodistas en forma inmediata y eficaz, que rinda cuentas sobre las investigaciones y resoluciones relacionadas con agresiones a periodistas, dándoles la más amplia difusión, y que implementar los mecanismos adecuados para supervisar a los servidores públicos en sus relaciones con los medios de comunicación.

El periodista en la calle

Sobre la actuación específica del periodista, propone que éste busque y trasmita la información de manera ética, veraz y oportuna; que se capacite de manera continua, y que no sea objeto en ningún momento de agresiones o represalias, interferencias, presiones directas o indirectas al recabar y publicar información, pues en todo momento será protegido por el Estado. Asimismo, el comunicador deberá denunciar las agresiones de que sea objeto con motivo de su actividad profesional.

Destaca, además que el periodista deberá contar con el equipo adecuado para el desempeño de sus funciones, que deberá adoptar políticas editoriales de autoprotección al manejar información de riesgo, y que en todo momento deberá respetarse el secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista.

Entre las recomendaciones generales que enumera el protocolo destacan que el reportero se identifique como tal, que en caso de que por amenaza o presión no pueda publicar información en la prensa local, la comparta con periodistas de medios de comunicaciones nacionales, de otras ciudades o internacionales; que evite sustentar las noticias con fuentes anónimas, que busque alternativas de información para contrastar los datos obtenidos que sustenten las noticias, que revise continuamente el desarrollo de su trabajo periodístico para advertir cuando una nota ordinaria se convierte en una información de alto riesgo.

Se propone que el reportero hable por teléfono con la misma precaución que lo haría si supiera que lo están interviniendo, que evalúe su condición física mediante un examen médico para evitar riesgo, que sea prudente con el uso de información filtrada, que concientice a su familia acerca de los riesgos que implica su profesión, que adopte medidas básicas de seguridad en el hogar como el uso de alarma, visor en puerta principal o iluminación exterior; que interrelacione con su entorno vecinal, que denuncie personas o situaciones sospechosas, que modifique sus hábitos de desplazamiento, tanto en horarios como en rutas y genere espacios de protección al conducir, que camine en sentido contrario al del flujo vehicular, y que genere copias de seguridad de su material periodístico, de preferencia impreso y guárdelas en un lugar distinto.

Medidas novedosas

El texto elaborado en Chihuahua incluye una serie de recomendaciones específicas en caso, por ejemplo, de amenazas:

- Asuma como cierta toda clase de amenaza, no entre en pánico y avise a las autoridades; nunca acepte la intermediación de terceros y analice la pertinencia de su divulgación.

- Intente establecer el origen y los posibles autores de la amenaza (tono de voz, acento, género, frases utilizadas), así como un posible móvil e infórmelo.

Grabe las conversaciones e instale un identificador de llamadas; si es por escrito conserve el documento.

Asimismo, expone otras recomendaciones específicas en caso de atentado:

- Huya del atacante y protéjase; llame la atención.

- Trate de memorizar los rasgos físicos y la vestimenta de quien quiere atentar contra usted. Si lo persiguen desde un carro, memorice la placa, el color y el modelo.

- Si va en vehículo, mantenga las puertas con seguro y preferiblemente las ventanas arriba. No se detenga en lugares aislados. Si lleva acompañantes y los persiguen, pídales que se tiren al suelo hasta que pase el peligro.

- Si va a pie ingrese a lugares concurridos, de vigilancia policial o privada y centros comerciales. Avise a vigilantes o personas que puedan escoltarlo hasta un lugar seguro y pueda llamar a las autoridades o alguien de su confianza.

 Las recomendaciones específicas en caso de secuestro o “levantón”, como en la jerga periodística, de las autoridades y del crimen organizado se conoce a las privaciones ilegales de la libertad de algunas personas por acciones que supuestamente afectan a los criminales, el protocolo establece que son:

- No pierda la calma y evite confrontar a sus secuestradores.

- Adopte un papel pasivo.

- Siga las recomendaciones de sus secuestradores.

- No haga caso a los intentos de desestabilizarlo emocionalmente.

- Dialogue con sus captores e indíqueles que es periodista, que su oficio es informar y que no es su enemigo.

- No esconda información. Responda única y exclusivamente lo que le pregunten.

- Solicite avisar a su familia.

- Mantenga su mente activa: lea, escuche radio, escriba.

- Si son varios los secuestrados, brinde apoyo anímico.

68  crímenes en 11 años

El estado de Chihuahua vivía ya a finales del año pasado una ola de violencia atribuida a una pugna entre un cártel local y otro originario de Sinaloa, a la que culpaban de más de 2 mil 700 homicidios en 2010 en la ciudad fronteriza.

El Diario de Juárez, que trabaja independiente del Diario de Chihuahua pero comparte propietario, también sufrió a mediados de septiembre el asesinato de un fotógrafo. Los crímenes, en siguientes meses, se fueron dando con similar frecuencia hasta la fecha, cuando la lista de periodistas muertos crece y los resultados de las autoridades frente a las respectivas investigaciones son magros.

El diario veracruzano Notiver vivió la muerte de dos de sus periodistas en fechas recientes. El 26 de julio de 2011, el cuerpo de la reportera Yolanda Ordaz de la Cruz fue encontrado durante la madrugada en la colonia Jardines de Virginia del municipio de Boca del Río, según el reporte de las autoridades policiales. La periodista de la fuente policiaca y columnista de Notiver, periódico de mayor circulación en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, estaba desaparecida desde hacía 48 horas, se informó.

El cuerpo de Ordaz de la Cruz fue localizado alrededor de las 4:00 horas en la avenida Ruiz Cortines, en las inmediaciones de otro periódico, Imagen del Golfo, luego de que vecinos del fraccionamiento alertaron a los uniformados del hallazgo.

Este fue el segundo homicidio en menos de dos meses en contra de trabajadores del periódico veracruzano, ya que un mes antes, el 20 de junio, fue asesinado Miguel Ángel López Velasco, columnista y subdirector de este medio, junto con su esposa y un hijo menor de edad.

Dos días después del hallazgo del cuerpo sin vida de Yolanda Ortiz de la Cruz, por lo menos cinco reporteros de Notiver abandonaron la ciudad de Veracruz ante la falta de garantías para proteger su integridad física y el desarrollo de su profesión, informó el rotativo.

Después, el 24 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se había recibido aviso por parte de elementos de la Policía Ministerial de que en la Colonia Madero se encontraba un cuerpo sin vida, decapitado y con un mensaje atribuido a un grupo delictivo.

El Ministerio Público llevó a cabo la diligencia y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicó la autopsia de ley.

Este mismo día se identificó a la persona fallecida como María Elizabeth Macías Castro, de 39 años de edad y quien se desempeñaba como jefa de redacción del periódico Primera Hora.

Junto al cuerpo, fue dejado un cartelón, en donde acusaban a esta víctima de usar el seudónimo de La Nena de Laredo, y de navegar en el portal Nuevo Laredo en Vivo y en las redes sociales para pasar los reportes de hechos violentos que suceden en esta ciudad. Además de colocaron dos teclados de computadora, un reproductor de discos y varios cables.

Diagnóstico

Las cifras a nivel nacional sobre estas agresiones son preocupantes. El año pasado, por lo menos 12 periodistas fueron asesinados en México, según la organización civil “Reporteros sin Fronteras”. El reporte más reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), difundido apenas el 6 de junio de 2011 a través de Frank La Rue, relator especial del organismo para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión, es todavía más dramático. Señala que 66 periodistas han resultado asesinados y 12 permanecen desaparecidos en nuestro país entre los años 2000 y 2010, lo que convierte a México en la nación más peligrosa de América Latina en el ejercicio de este oficio. Desde esa fecha, se han documentado por lo menos otras dos muertes como parte del ejercicio periodístico.

Según el funcionario, es “la falta de voluntad política por parte de la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas de la PGR, parte de este problema”, ya que desde 2006, año en que fue creada, no ha alcanzado la sanción penal de un solo responsable y ha consignado apenas cuatro casos.

La Rue detalla los datos a partir de una misión oficial conjunta con la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, efectuada apenas en agosto del año pasado en territorio mexicano. Ambos visitaron el Distrito Federal, el Estado de México, Chihuahua, Guerrero, donde se reunieron con autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales, a nivel federal y estatal, además de organizaciones de la sociedad civil y de periodistas.

En el informe se detalla la ausencia de una política pública integral tendiente a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio; imposibilita que la sociedad mexicana contribuya a combatir el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población.

Los muertos de Boca y sus "pecados"

Lizbeth vivía en Veracruz y trabajaba para una empresa de modelos y edecanes, radicada en Perú. Su página de Facebook arrojó la sospecha de que mantenía una relación con Ángel Mora Caberta, también conocido como “El Comandante Diablo”, jefe de sicarios del crimen organizado.

Los datos en la web sustentan los señalamientos. En su página personal aparecen comentarios de sus amigos que le advertían que se saliera de eso y otros en los que “ella misma se arrepentía” de estar ahí.

Lizbeth es una de las 35 personas que fueron asesinadas y arrojadas en un paso a desnivel de Boca del Río el 20 de septiembre pasado.

En las investigaciones judiciales, también es una de las 23 víctimas que no tenían antecedentes penales pero por diversas circunstancias podrían tener alguna relación con criminales. Algunos de los casos son por accidente o incluso por parentesco. Es decir, no se puede asegurar que hayan sido delincuentes y mucho menos que hayan pertenecido a algún cártel del narcotráfico, como lo presumieron las autoridades de Veracruz inmediatamente después de ocurridos los hechos.

Diana, otra de las fallecidas, de 16 años, tuvo la mala fortuna de subir a su Facebook una fotografía en la que posa en una Hummer. La red de vínculos elaborada por las autoridades ministeriales de Veracruz, y que hoy está en manos de la PGR, sospecha que la muchacha era novia de un “halcón” (como les llaman a los informantes del narcotráfico) presunto integrante de “Los Zetas”, pero no se especifica en qué basan su presunción.

Parte de los señalamientos de la menor de edad con criminales se basan también en dos relaciones de parentesco: la de su papá, Isaías, procesado y sentenciado en Coahuila, y de su madre, Aída, de 39 años de edad, quien también murió ejecutada en Boca del Río.

La red de vínculos enlista los nombres de 30 de los 35 muertos, que hasta hoy son los identificados, e ilustra a partir de fotografías y flechas de colores la relación que podrían tener con 30 delincuentes que forman parte del crimen organizados. Entre ellos aparecen, como la parte alta de la pirámide criminal, que se supone correspondería a “Los Zetas”, los nombres de Aquiles Amaranto Cruz Hurtado, jefe de plaza de la organización en Veracruz y a quien apodan “El Comadante Chilaquil”, así como su hermano Ulises Fernando, alias “Ula Ula”, considerado como jefe de “estacas”; es decir, de los escoltas de los mandos.

Nexos y “malos pasos”

Los cruces de datos que aparecen en el documento detallan que siete de los 30 identificados tenían antecedentes penales. Del resto, son los mensajes aparecidos por las redes sociales, los parentescos y otros factores como detenciones –o sospechas de las mismas- por delitos menores o faltas administrativas, las bases de las suposiciones para acusarlos.

De esta manera, de Gabriel, otro de los muertos, se rastreó que fue detenido como posible responsable de la desaparición del administrador aduanal Francisco Serrano Aramoni, aunque no estuvo sujeto a proceso penal, y que era hermano de “El Comandante Chilaquil” y “El Ula Ula”.

De otros más hay sospechas con poco fundamento. Karen, por ejemplo, tuvo señalamientos por un homicidio que no prosperaron; de Gerado, otro menor de edad, no se aclara su relación con los delincuentes aunque se cree que era informante; de Fernando, que tenía sólo 14 años, se dice que era “halcón” pero no se explica por qué ni existe una causa penal en su contra, o de Pedro, solamente que “participó en enfrentamientos violentos”.

Iván, un sexoservidor identificado también como “La Brigitte”, se dice que también era informante del narcotráfico solamente porque cerca de su domicilio fueron asesinados tres supuestos “halcones” el 26 de agosto pasado.

De Juan Martín se cree que era narcomenudista y que reclutaba jóvenes para los criminales. Sin embargo, su único acercamiento real con un proceso penal es la vinculación que tuvo con un ex elemento de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río (PIVB) procesado por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

FBI en los Panamericanos *

Militares de la XV Zona Militar escoltarán la antorcha (Ntx).

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) infiltrados y elementos de inteligencia especializados en tareas contra el terrorismo, que están adscritos a la Policía Federal, formarán parte de la seguridad en los Juegos Panamericanos de Guadalajara.

Fuentes del gobierno federal consultadas señalaron que pese a que no existen amenazas para evitar la realización de la justa deportiva, también habrá aviones no tripulados y helicópteros Black Hawk. Sobre la participación de los agentes estadounidenses, los informantes aseguraron que “ellos pidieron participar para estar presentes ante alguna eventual amenaza terrorista, y tener vigilancia dirigida hacia diferentes delegaciones para poder prevenir cualquier amenaza”.

Respecto a los policías mexicanos, serán alrededor de 11 mil agentes operativos, entre federales y del gobierno estatal de Jalisco, así como militares que trasladarán la antorcha por las diferentes sedes, los que conformarán las acciones de seguridad.

De ese total, 5 mil corresponden a los grupos especiales de la Policía Federal.

“El grupo que participa de la Policía Federal, está entrenado ante cualquier amenaza de ataques bioterriostas y biológicos y de explosivos”, señalaron las fuentes.

No obstante, precisaron que el entrenamiento, que es común, “es parte de la prevención como parte de la preparación de este tipo de eventos”, pero no se cuenta con información que confirme que estas amenazas puedan llevarse a cabo.

De esta corporación, además de los especializados en acciones contra terrorismo, habrá integrantes del cuerpo de Reacción y Alerta Inmediata, del Grupo Especial de Operaciones, así como de la Unidad de Rescate y Auxilio Social.

Además de las aeronaves, se contará con carros radiopatrulla blindados, motocicletas y ambulancias.

De acuerdo con un reporte de la Policía Federal, con estos equipos se tendrán “ventajas operativas con las más altas tecnologías, amplio rendimiento en las condiciones extremas, controles de automatización y sistema infrarrojo de búsqueda avanzada” para atender a deportistas y público asistente.

Asimismo, intervienen para la recopilación de denuncias penales por posibles conductas delictivas, ministerios públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) y del fuero común.

Se trata de una operación “cerrada”, señalaron los informantes, y aunque el mando lo tiene la Policía Federal, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, las acciones se trabajan en coordinación con el área de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, que será quien será la parte visible.

Militares de la XV Zona Militar, en tanto, prestarán su apoyo para servir como escoltas de los deportistas que portarán el “Fuego Panamericano”.

(* Texto de María Idalia Gómez y Alfredo Joyner publicado el 14 de octubre en el diario 24 horas)

Marcela y Rocío. La cifra que no para

A propósito del terrible crimen contra las periodistas Marcela Yarce y Rocío González Trápaga, ocurrido en el DF, no olvidemos las cifras más recientes relacionadas con agresiones a profesionales de la comunicación.

Las cifras a nivel nacional sobre estas agresiones son preocupantes. El año pasado, por lo menos 12 periodistas fueron asesinados en México, según la organización civil “Reporteros sin Fronteras”. El reporte más reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), difundido apenas el 6 de junio de 2011 a través de Frank La Rue, relator especial del organismo para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión, es todavía más dramático. Señala que 66 periodistas han resultado asesinados y 12 permanecen desaparecidos en nuestro país entre los años 2000 y 2010, lo que convierte a México en la nación más peligrosa de América Latina en el ejercicio de este oficio. A los 66 señalados, habrá que sumar ocho casos más en 2011, entre ellos, los de Marcela y Rocío.

Según el funcionario, es “la falta de voluntad política por parte de la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas de la PGR, parte de este problema”, ya que desde 2006, año en que fue creada, no ha alcanzado la sanción penal de un solo responsable y ha consignado apenas cuatro casos.

La Rue detalla los datos a partir de una misión oficial conjunta con la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, efectuada apenas en agosto del año pasado en territorio mexicano. Ambos visitaron el Distrito Federal, el Estado de México, Chihuahua, Guerrero, donde se reunieron con autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales, a nivel federal y estatal, además de organizaciones de la sociedad civil y de periodistas.

En el informe se detalla la ausencia de una política pública integral tendiente a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio; imposibilita que la sociedad mexicana contribuya a combatir el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población.

La Rue aseguró que durante su visita a México careció, en algunos casos, de información concreta en torno a condenas penales y administrativas, por lo que urgió por una política contra el crimen en defensa de las y los periodistas.

Por lo tanto, el relator urgió la necesidad de crear mecanismos de protección para los trabajadores de los medios de comunicación, que deben ser aplicados mediante un comité oficial e interinstitucional de alto nivel, de preferencia encabezados por una autoridad federal, y contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; dijo que estas instancias deben tener recursos propios y suficientes. Asimismo, recomendó la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en el diseño del esquema, así como de su funcionamiento y evaluación. Parte de sus conclusiones fueron las siguientes:

La violencia se ha extendido a grado tal que a partir del primer semestre de 2010 medios de comunicación nacionales sufrieron con mayor frecuencia intimidaciones y presiones por parte del crimen organizado para publicar o no cierta información; algo que con anterioridad afectaba principalmente a los medios estatales y locales.

Se recomendó (por lo tanto) fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales.

La ONU y la violencia a periodistas

Yolanda Ordaz, reciente crimen contra un periodista en Veracruz.

La agresión a periodistas mexicanos ya es un tema que preocupa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al punto de que tomará cartas en el asunto.

A través de su Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ya prepara una estrategia nacional y un plan de trabajo para 2012 que permita proponer recomendaciones que pretenden coadyuvar en la prevención de delitos contra los trabajadores de los medios de comunicación.

Para ello, el organismo realizará en nueve estados de la República considerados como violentos, una consulta directa con periodistas, medios y el sector público y social, sobre el tema de agresiones a reporteros, para realizar un diagnóstico sobre el problema y crear un grupo estratégico.

Dicha consulta, señala el organismo, estará acompañada por una capacitación en prevención dirigida por periodistas.

“Se pretende a través de esta consulta a un grupo estratégico, poder identificar vivencias del sector afectado y las capacidades institucionales estatales/locales existentes de respuesta, además de detectar necesidades que permitan diseñar rutas críticas en el marco de una estrategia nacional de fortalecimiento respecto a la coordinación interinstitucional, capacidad técnica y legislativa necesarias en los diferentes niveles de gobierno y entre sectores.

“Se espera que los resultados puedan retroalimentar y fortalecer la labor de las autoridades encargadas de la prevención del delito, seguridad y justicia, así como fortalecimiento legislativo”, señala la UNOCD en el plan de trabajo difundido a través de Internet.

La UNOCD expuso su claro interés de “impulsar la prevención y procuración de justicia, el fomento de la cultura de la legalidad y la responsabilidad entre servidores públicos y sociedad”, mismos que son parte de su mandato.

Las entidades de aplicación de la encuesta son Chihuahua, Baja California, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y el Distrito Federal.

La realización de las consultas estatales tendrá como objetivo el diseño de una estrategia nacional que permita, a través de un plan de trabajo para el año 2012, promover recomendaciones a nivel local, estatal y federal en los siguientes ámbitos: legislativo, tanto a nivel estatal como federal; fortalecer capacidades técnicas en las áreas de seguridad, procuración e impartición de justicia, y buscar mecanismos de coordinación y comunicación entre los sectores de gobierno, la sociedad y los sectores involucrados.

“El trabajo del equipo de consultores será crear un espacio de diálogo entre estos cuatro sectores, concretamente talleres de trabajo, con el objetivo de integrar una serie de propuestas y recomendaciones orientadas a fortalecer la cultura de la legalidad, fomentar el conocimiento de la prevención del delito y de la reforma penal.

“La dinámica de las consultas se basará en una presentación tipo conferencia por parte de los consultores acerca del marco conceptual y jurídico de los tópicos anteriores, así como sobre la dinámica del crimen organizado y su impacto sobre los medios de comunicación, a nivel nacional y en cada una de las localidades que se visitarán”, dice la UNODC.

A partir de estos elementos de análisis, se desarrollarán cuatro talleres, uno con cada sector: periodistas, dueños de medios de comunicación, autoridades de gobierno y sociedad civil (organizaciones no gubernamentales y académicos). Estos talleres pretenden sensibilizar a los participantes para incrementar la comprensión de la situación de los otros actores y contextualizar su escenario local, nacional e internacional.

“Tras la consulta, la información será analizada para informar a las autoridades gubernamentales y participantes a manera de contribuir a la generación de sinergias y actividades que sean apropiadas por los actores a nivel estatal”, añade.