La crisis de García Luna

El secretario en apuros.

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal, cercanos al titular Genaro García Luna, coinciden en que la crisis ya lo alcanzó a partir de dos asuntos: la discusión en la Corte sobre el asunto de la francesa Florence Cassez que trajo otra vez a la mesa de discusión si servidores públicos federales hicieron de su detención un montaje, y el caso Ayotzinapa, que pone en tela de juicio el trabajo de la Policía Federal en el operativo de desalojo de los estudiantes normalistas en Guerrero.

Ambos temas, dicen los consultados, hicieron ya insostenible la presencia de García Luna al frente de la apoyadísima y fortalecidísima secretaría y ocurrió lo inesperado. El funcionario presentó ya su renuncia a Felipe Calderón.

De manera paralela, el secretario no logró fortalecer enlaces ni relaciones con gente cercana a los dos candidatos a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota para consolidar su continuidad en el gobierno federal. Los priistas que colaboran con el primero lo aborrecen y de Josefina... sólo hay que recordar la grabación en la que la panista acusa que el secretario debería rastrear al "Chapo" Guzmán en lugar de estar pendiente de las conversaciones de ella.

Ahora, quienes trabajan en áreas clave de la SSP empiezan a difundar más datos. Por ejemplo, que Plataforma México es en realidad una fantasía, pues ni cuenta con los archivos de los que presume ni realmente opera como la gran base de datos que tanto anuncia; incluso preguntan: ¿alguien ya entró y corroboró este gran cerebro que no ha logrado conjuntar información de policías y delincuentes? Asimismo, dicen que los altísimos recursos que ha gastado la secretaría se han utilizado en remodelaciones a instalaciones y que el crecimiento de la Policía Federal es subjetivo, pues se ha encargado únicamente de conjuntar a integrantes de varias corporaciones que antes eran independientes y no pertenecían a la gran estructura de Seguridad Pública.  

En medio de esta crisis, García Luna ha movido a sus hombres clave a áreas de menor perfil para que durante lo que resta de la administración, ya no sean cuestionados. Por ejemplo, tras lo de Ayotzinapa, a Facundo Rosas le quitó el cargo de comisionado de la Policía Federal y lo convirtió en subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos. Por cierto, como comisionada llegó Maribel Cervantes Guerrero, quien sí tiene relación con el círculo cercano a Vázquez Mota.

Frente a este escenario no se sabe qué ocurrirá con el secretario que logró modificaciones legales para crear su super policía que incluso ha suplantado facultades de la Policía Ministerial y de otras áreas de la PGR y hasta donde se sabe, Calderón no ha respondido a su petición de renuncia.

Por si fuera poco, hay que anotar como contexto los siguientes datos:

La Auditoría Superior de la Federación detectó en su última revisión pagos millonarios atrasados, duplicidad de contratos, custodios “fantasmas” y pérdida de materiales adquiridos como parte de las irregularidades en la SSP.

Asimismo, la Policía Federal incumplió la meta programada en 2010 de disminuir los asaltos en carreteras de jurisdicción federal, ya que estos delitos aumentaron en 32.9%, respecto al promedio registrado en el periodo 2007‐2009.

La fiscalización de la cuenta pública 2010 revela que la SSP pagó con presupuesto de ese año operaciones por 598 millones de pesos que se devengaron en 2009, debido a que los recursos que se habían comprometido originalmente hace tres años los utilizó para cubrir otros compromisos.

La ASF también detectó duplicidad de contratos, pérdida de materiales adquiridos y la ausencia de facturas originales que sustenten diversos gastos.

Según la dependencia, Seguridad Pública pagó ilegalmente 60 millones de pesos por concepto de cuotas diarias de apoyo por comisiones, y erogó otros 375 millones de pesos no previstos en 2010 para comisiones que se llevaron a cabo en 2009.

Realizó un pago por 3.5 millones de pesos para 305 escoltas “fantasma”, debido a que no se halla su registro, y erogó otros 44 mil 500 pesos para personal que había causado baja, es decir, que ya no laboraba en la SSP.

Finalmente, la ASF señala que la dependencia que dirige Genaro García Luna no justificó la contratación de 595 plazas eventuales, por un monto global de 21 millones de pesos, para dar servicio de seguridad a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

Escenificación Cassez, por un berrinche de Televisa

La detención fue televisada en diciembre de 2005.

Que el supuesto montaje de la detención de Florence Cassez sí fue real y obedeció a una negociación entre la PGR y la empresa Televisa, por un reclamo que hizo la televisora.

Quienes vivieron de cerca este asunto aseguran que por aquellas fechas, a finales de 2005, las autoridades federales habían regalado a Televisión Azteca, en exclusiva, la liberación del director técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, quien había sido secuestrado, lo que provocó el berrinche de Televisa, que de inmediato reclamó a las autoridades federales responsables de hacerlos a un lado.

Entonces surgió la idea, al interior de la procuraduría, de apaciguar a los mandos de la televisora de San Ángel a través de otra información exclusiva: la detención "en vivo" de una banda de secuestradores en la que había participado una ciudadana francesa.

Así fue como se negoció la transmisión del operativo entre el entonces titular de la SIEDO, el fallecido José Luis Santiago Vasconcelos, y Amador Narcia, vicepresidente de Noticias de Televisa. Las personas consultadas dijeron que no estuvieron al tanto ni Leopoldo Gómez, jefe de Narcia, ni el vocero de la PGR, José Luis López Atienzo, de cómo había ocurrido el trato. Por cierto, éste último, por no conocer el asunto, habría convococado a otros medios a presenciar el operativo.

El la televisora se revisaron horarios y se determinó que la operación sería transmitida en el espacio del noticiero matutino de Carlos Loret de Mola, por lo que el reportero asignado para la cobertura sería Pablo Reinah. Naturalmente, el periodista también estuvo al margen del trato y simplemente se le dijo: "te vas a cubrir con equipo móvil".

También se dijo que la francesa ya había sido detenida desde varios días antes y estaba aún a disposición de la autoridad ministerial cuando se hizo la escenificación de su captura para la prensa.

Cuando el escándalo de una posible violación a los derechos de Cassez comenzó a crecer, Televisa reaccionó culpando a los menos indicados: el reportero Pablo Reinah y el jefe de éste, el coordinador de redacción de noticias nacionales, Ernesto Zavaleta. Ambos fueron despedidos. Sólo Reinah demandó y ganó; al final terminó arreglándose con la empresa para bajarle al ruido que había causado ya este asunto.

Dicen también que Genaro garcía Luna y Luis Cárdenas Palomino salieron embarrados porque eran los jefes operativos de la AFI, que dependía de la PGR y dieron la cara en la escenificación. Pero que en realidad fue su superior jerárquico, Santiago Vasconcelos, quien había armado el plan para lucirlo ante los medios.

Hoy, a poco más de seis años de la captura de Cassez, se revive el caso del supuesto montaje cuando la Primera Sala de la Suprema Corte entrará al tema no para descalificar o aprobar las resoluciones judiciales, sino para verificar errores procedimentales, a partir de lo que señala la Constitución, que pudieran traducirse en violaciones a las garantías de la presunta secuestradora.

Y los militares... ¿volverán a sus cuarteles?

El presidente y su jefe de policía.

Hoy Felipe Calderón encabezó un acto en el que reafirmó que su jefe de la policía, Genaro García Luna, es el gran salvador de un país abatido por el narcotráfico, el crimen organizado y la hasta ahora incontenible violencia que ha afectado a comunidades enteras.

Con la presentación de la División Científica de la Policía Federal, a cargo del mencionado secretario, ya se tiene operando prácticamente al 100 por ciento esta corporación que de 6 mil pasó a casi 37 mil efectivos y que se convierte así, dice el presidente, en la mejor que ha tenido el país.

Esta es una de las siete divisiones -entre ellas la antinarcóticos y de inteligencia- que se fueron integrando a una policía en la que había casi prácticamente agentes de caminos... y militares. La inversión del nuevo equipo e instalaciones para cerrar este círculo fue de 700 millones de pesos.

Para presentar a una Policía Federal operando ya en su totalidad se tuvieron que hacer ajustes, desde capacitar a marchas forzadas a jóvenes universitarios con el apoyo de países como Colombia, Alemania e incluso la India, hasta crear una nueva ley interna que hasta le permitiera tomar atribuciones de dependencias como la PGR, entre ellas la de investigar y hacer labores de inteligencia.

Por eso pareciera que parte de lo que se presentó en la mañana era muy similar, por ejemplo, al área de servicios periciales de la fiscalía federal.

Pero en síntesis, el anuncio de la División Científica de esta Policía Federal -dirigida, por cierto, por una mujer, Maribel Cervantes Guerrero, de manera inédita- significa el regreso a sus cuarteles de los militares que actualmente tienen el control de los operativos antinarco que han significado un fuerte dolor de cabeza para el presidente, fundamentalmente por el número de víctimas colaterales en esa guerra.

Tan sólo la Secretaría de Marina, y así lo reconocen sus datos internos, ha llevado a cabo un promedio de 80 operativos por día contra el narcotráfico durante los últimos cinco años, más de la mitad catalogados como "de alto impacto".

Hoy, Calderón fue firme al asegurar que los soldados ya podrán regresar a sus cuarteles y que debe ser una corporación civil la que tiene la obligación de estar en las calles, pero bien armada y con una doctrina diferente a la que se tenía.

Y entonces cobra relevancia la campaña encabezada por el propio García Luna para exhibir las deficiencias en las que se encuentran las policías locales en el país, entre las que destacan su descomposición generalizada, corrupción y vínculos con las organizaciones criminales.

Quedan nueve meses de administración federal para que el presidente cumpla con lo que declaró y, si se puede, para demostrar que México tiene ya la super policía que tanto presumió en un magno acto en el que estuvieron sus secretarios de Estado, gobernadores, grupos sociales y representantes de los medios de comunicación.

Comienza a contar el reloj.

Ridículo de procuradores

Uno dio la cara y el otro cometió el error.


Su pecado: hablar.

Mientras que el procurador del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, difundía la captura de un presunto feminicida y violador serial, este sujeto se le fugaba al fiscal del Estado de México, Alfredo Castillo, que lo mantenían bajo custodia.

César Armando Libera Legorreta, alias El Coqueto, es señalado por cometer por lo menos ocho delitos contra mujeres, fundamentalmente en la ruta de microbuses que circulan de Valle Dorado, en Tlalnepantla, al paradero del Metro Chapultepec, en el Distrito Federal. Es decir, se trata de un feminicida peligroso que se ocultaba como chofer del transporte público que prometía darles "aventón" a sus casas, muy noche, para que no tuvieran que tomar un taxi.

El procurador capitalino informó el lunes la captura de este presunto delincuente, quien se encontraba arraigado por autoridades mexiquenses en instalaciones de la fiscalía de Tlalnepantla.

Casi al mismo tiempo del anuncio, Libera, quien se encontraba esposado de pies y manos, se fugó de las instalaciones mexiquenses y hasta hoy ignora su paradero.

El procurador Castillo Cervantes, amachado, dijo hoy en conferencia de prensa que les será fácil atraparlo y le advirtió, en tono de burla, que no tenía ni donde esconderse y que estaba ubicado.

A El Coqueto, de acuerdo con las autoridades capitalinas, se le considera un “sujeto peligroso”, y entre sus víctimas se encuentra una empleada de una empresa televisora, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en la calle General Primm, cerca de la Secretaría de Gobernación.

Rodríguez Almeida dijo durante la mañana del lunes que Libera se encontraba detenido y en las próximas horas se daría a conocer su situación jurídica. El funcionario no sabía que el presunto violador se escaparía hasta minutos después, cuando fue notificado por autoridades de la entidad vecina.

Su pecado: el mal trabajo.

En el Estado de México implementaron de inmediato un operativo de búsqueda, que incluía zonas muy alejadas de Tlalnepantla y otros municipios conurbados, con la colaboración del Distrito Federal, ante la sospecha de que funcionarios que tenían a esta sujeto bajo custodia pudieran haber recibido un “pago” para ayudarle a escapar, detallaron fuentes consultadas.
Con el tiempo y de acuerdo con los avances de esa búsqueda, en la cual las instituciones involucradas están muy interesadas en tener éxito, habrá que ver qué procurador se libra primero de la crítica: el "bocón" o el inútil.

Fox y el PRI, blancos de la PGR

Morales, la investigadora.

La procuradora Marisela Morales lo ha dicho y lo reiteró apenas el mes pasado en la reunión con los reporteros que cubren la fuente. La institución a su cargo no se utilizaría con tintes políticos en el actual año electoral.

“De ninguna manera, la procuraduría solamente cumple con su función Constitucional y así va actuar de manera responsable con estricto apego a la ley y sin ningún tipo de presiones ni de interés partidista ni de ningún otro tipo”, repitió lo que ya había mencionado, meses atrás, cuando fue aprehendido Jorge Hank Rhon.

Sin embargo, mientras que los grandes asuntos de delincuencia organizada y narcotráfico han quedado diluidos -Joaquín El Chapo Guzmán está lejos de ser capturado, ya lo reconoció el secretario de Marina Francisco Saynez, y a Saadi Gadafi, el hijo del dictador libio Muammar Gadafi, ya hasta lo consideran víctima de tráfico de personas, por lo que no hay acusaciones en su contra-, se fortalecen, mientras tanto, investigaciones contra aquellos políticos que puedan generar ruido o estorbar al gobierno panista en sus aspiraciones electorales.

Guzmán Loera, el olvidado.

Primero, se dio a conocer la reactivación por enriquecimiento ilícito de varias averiguaciones previas en contra del ex presidente Vicente Fox. En el interior de la PGR se habla de que sí, como puede imaginarse, esta decisión obedece a una serie de declaraciones del ex mandatario en contra de las políticas de Felipe Calderón. "Le quieren callar la boca", dicen los servidores públicos y hasta al ex amigo de Fox, Lino Korrodi, se le hizo extraño que se tomara la decisión de revivir aquellas indagatorias que se extenderían a Marta Sahagún y a los hijos de ésta.

"Si ahora sí va en serio, sí voy a declarar", asegura Korrodi, poco convencido.

La semana pasada, con diferencia de unas horas, los medios informativos difundieron dos noticias en las que los protagonistas son, otra vez, la PGR y políticos, en ambos casos ahora del PRI.

La primera: la retención en el aeropuerto de Toluca de 25 millones de pesos a un empleado del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y las dudas, por supuesto, surgieron. ¿Cómo encontraron en dinero en una terminal aérea donde se realizaría un vuelo local? ¿Por qué la información fue filtrada a un medio informativo nacional?

La segunda: la existencia de una alerta migratoria para que se avisara a la PGR de la entrada y salida del país, a través de los aeropuertos nacionales, de tres ex gobernadores de Tamaulipas: Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.

Fox, el peligro.

La alerta se lanzó por una serie de investigaciones judiciales en contra de los ex mandatarios por presuntos delitos de narcotráfico. De la misma forma, la información de filtró a un par de medios; la PGR negó esta autoría pero se tardó 17 horas en salir a hacer una aclaración por demás absurda. En síntesis, dijo que la procuraduría no había emitido dicha alerta y que ésta no implicaba que los personajes tuvieran prohibido salir del país.

Esto último es cierto, pero también es verdad que una vez notificada la PGR de los movimientos de cualquier persona que forma parte de una investigación, ésta puede ser declarada por el Ministerio Público Federal o hasta detenida, acogiéndose la autoridad ministerial a la figura de "caso urgente". Es decir, Cavazos, Yarrington y Hernández están en poder de la procuraduría de Marisela Morales.

Yarrington, nuevo capo a seguir.

Ellos tres, el gobernador Duarte y el ex presidente Fox son, por lo tanto y para resumir lo que sucedió las últimas semanas, la prioridad para nuestra fiscalía general que sigue arrastrando su imposibilidad por detener las múltiples muertes por narcotráfico que persisten en el país, a falta de investigaciones sólidas que mantengan en prisión e inahbiliten a los verdaderos operadores del crimen organizado.

Y “La Reina”, ¿de qué se ríe?

Foto: EFE

Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como “La Reina del Pacífico”, logró otro triunfo contra la justicia mexicana y está muy cerca de abandonar la cárcel de El Rincón, en Nayarit.

La presunta colaboradora de los capos que componían la denominada “Federación” ganó un amparo para no ser extraditada a Estados Unidos por delitos contra la salud, en específico por un cargamento de nueve toneladas de cocaína que fueron localizadas en el buque Maciel, uno de los pocos pendientes que tenía su defensa para absolverla de toda acusación ligada contra el crimen organizado.

Y es que el juez 13 de Amparo en Materia penal, Jesús Alberto Chávez Hernández, resolvió que Beltrán Ávila, acusada en los Estados Unidos de pretender distribuir 100 kilogramos de cocaína, y de ser copartícipe de aquel embarque de 900 kilogramos de esa droga, no puede ser juzgada en dos países distintos por un mismo delito.

Ya desde diciembre de 2010 una absolución judicial a su favor y de su pareja sentimental, Juan Diego Espinosa Ramírez,  “El Tigre”, significaron el fracaso de una investigación de más de seis años encabezada por el Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) y por la Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada entonces por Genaro García Luna.

La cercanía del actual secretario de Seguridad Pública con el CISEN obedece a que se formó en esa institución a la que ingresó en 1990, a los 21 años de edad, antes de formar parte de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la AFI.

En la institución dependiente de la Secretaría de Gobernación se desempeñó como subdirector de Protección, jefe del Departamento de Investigación Técnica de la Dirección de Servicios Técnicos y como investigador de la Subdirección de Asuntos Extranjeros.

Ya como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en octubre de 2007, éste funcionario elaboró un informe “de inteligencia”, donde detallaba el papel que jugó la pareja, absuelta por un juez como enlace entre el cártel mexicano de Juárez y el colombiano conocido como del Norte del Valle.

“El Tigre” era señalado el principal contacto entre los más importantes capos de la droga mexicanos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en aquel país actúan con grupos del narcotráfico.

Por su parte, Ávila Beltrán supuestamente apoyaba a los distintos capos de la droga asociados para ganar terreno a sus adversarios a través de su titularidad en empresas fachada. A ella le correspondía  apoyar a los establecidos en el cártel de Juárez, en específico al grupo de Ismael “El Mayo” Zambada, como lavadora de dinero.

A “La Reina”, todavía presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal, se le encontraron más de 220 propiedades en territorio mexicano, algunas utilizando algún nombre falso.

El documento de la SSP explica la importancia de “El Tigre” para mantener en contacto a grupos ilegales de Colombia con México. Trataba, por ejemplo, con los aún cabezas del cártel de Juárez,  “El Mayo” Zambada, Juan José Esparragoza, alias “El Azul”, y Vicente Carrillo Fuentes.

Sin embargo, su comunicación se ampliaba hacia los hermanos Beltrán Leyva y hasta con el prófugo y uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, según la revista Forbes, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En la época en la que se centraron esas investigaciones (todo el año 2001), todos ellos eran integrantes de la hoy disuelta asociación de narcos a la que se conocía como La Federación.

García Luna documentó, entonces, que con esta asociación de capos, los cárteles de Juárez y Sinaloa comenzaron a actuar como una gran empresa en la que redujeron riesgos de pérdidas y se enfrentaron sin tanto problema a sus adversarios: las organizaciones de los Arellano Félix y del Golfo, las cuales recibieron los peores golpes por parte de las autoridades federales durante la administración de Vicente Fox.

El reporte de la SSP detalla que Espinosa Ramírez, originario de Barranquilla, Colombia, exportó con su organización a Estados Unidos más de 500 toneladas de cocaína con un valor superior a los 10 mil millones de dólares, entre 1990 y 2004.

El texto explica que con la caída de los cárteles de Cali y Medellín, a finales de los 80 en Colombia, Diego Montoya, también identificado como “Don Diego”, se convirtió en el vínculo entre el cártel del Norte del Valle y las FARC.

“Don Diego llega a un acuerdo con la guerrilla para hacer el acopio de la hoja de coca, procesarla y trasladarla hacia Estados Unidos y México.

“En la década de los 90, Juan Diego Espinosa, ‘El Tigre’, sobrino de ‘Don Diego’, es enviado a México para encargarse de las relaciones entre el cártel del Valle del Norte y las organizaciones criminales que integran el cártel de Sinaloa”, indica el informe.

Montoya fue atrapado en el segundo semestre de 2007 en territorio colombiano, pocos días antes de la caída de su sobrino, caído en el Distrito Federal. Durante ese corto periodo de libertad, “El Tigre” se hizo cargo de la dirección de la organización delictiva sudamericana.

Estratégicamente, “El Tigre” se había establecido desde la década de los 90 en Guadalajara, Jalisco para controlar desde ahí el tráfico de cocaína en territorio mexicano y desde ahí mantener sus enlaces con Colombia, donde operó junto con “La Reina del Pacífico”, a quien hizo su pareja sentimental.

Los dos fueron atrapados el viernes 28 de septiembre de 2007, con sólo unas horas de diferencia, en la capital mexicana, presuntamente ligados con el aseguramiento, en 2001, del buque “Maciel” en Manzanillo, Colima, donde eran trasladadas 10 toneladas de cocaína.

Oficialmente se dijo que la investigación se había llevado más de seis años a través de un trabajo coordinado entre el CISEN y la flamante AFI, cuyo titular era García Luna.

Estos datos sustentaron las acusaciones que retomó la Procuraduría General de la República (PGR) para consignarlos por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, contra la salud (narcotráfico) y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

El 3 de diciembre de 2010, el titular del Juzgado 18 de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Norte, Fernando Córdova del Valle, resolvió que las pruebas aportadas por las autoridades federales no aportaban “los elementos necesarios” para sostener las acusaciones.

“No se acreditan las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión en que los nombrados sentenciados ejecutaron las conductas ilícitas por las que fueron acusados en este proceso”, señala el juzgador en referencia a la causa penal 101/2003.

“El Tigre” fue extraditado a Estados Unidos el 2 de enero de 2009, donde recibió la noticia de su absolución por los delitos cometidos en México, donde la PGR aún podía impugnar la resolución judicial a favor de los dos presuntos delincuentes a través de un tribunal unitario.

¿Resentidos con Calderón?

El presidente bajo juicio.

¿Quiénes son? Quienes, argumentando el uso de su derecho, critican la estrategia gubernamental de combate al narcotráfico. Dicen que eran 23 mil y ahora suman más de 30 mil. Aseguran que se les ha tachado de calumniadores, que obedecen a propósitos político-electorales y que los mueven el odio y el resentimiento. Públicamente manifiestan que se ha puesto en peligro la vida de cientos, quizá miles de ciudadanos.

¿De dónde salieron? De diversos ámbitos académicos, políticos y profesionales.

¿Contra quién es la queja? Contra el presidente Felipe Calderón, a quien señalan de incitar al linchamiento, por televisión, a sus críticos y a los defensores de derechos humanos del país, a quienes pone una diana en el pecho.

¿De qué lo acusan? De desatar la guerra. De sumir al país en una espiral de violencia, en la que diariamente hay más muertos y heridos. De incumplir los pronunciamientos de la ONU, la OEA, organizaciones civiles nacionales e internacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recomiendan la inmediata modificación de sus políticas que generan impunidad gubernamental y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

¿Qué le exigen? Que detenga ya este baño de sangre y que actúe a favor de la paz poniendo un alto a la impunidad gubernamental, la violación de los derechos humanos y la acción criminal de los delincuentes.

¿Qué medios utilizan para manifestarse? Un desplegado publicado en medios nacionales el viernes pasado, una página en internet en la que invitan a la población a adherirse a la petición a la Corte Penal Internacional para que investigue la situación en México y un blog donde ofrecen mayor información sobre el proceso.

¿Qué recomendación le hacen al mandatario? "Si usted cree que nadie en su gobierno ha cometido los crímenes de guerra y de lesa humanidad que hemos señalado, no debiera preocuparse por nuestra solicitud de información".

¿Y qué sigue? Nadie lo sabe. Habrá que esperar una nueva respuesta del presidente y aguardar cómo proceden los organismos internacionales. Hay quienes argumentan dentro de la esfera gubernamental que hay gente influyente que financia este movimiento. Los firmantes aseguran que abiertamente dan la cara y que su postura no obedece a intereses políticos ni requiere de invertir recursos. Quizá una vez que deje la administración, Felipe Calderón sepa qué ocurrirá con él y con sus funcionarios.