(Carta desplegado de organismos de prensa nacionales e internacionales, medios informativos y periodistas de manera independiente respecto de la violencia contra el gremio en Veracruz).México, DF. El cuerpo sin vida del periodista Víctor Manuel Báez Chino, fue encontrado con signos de tortura en la madrugada del pasado jueves 14 de junio en la calle Úrsulo Galván ubicada en el centro de la ciudad de Xalapa, Veracruz. El periodista contaba con alrededor de 30 años de experiencia cubriendo la fuente policíaca en el estado y era integrante del consejo editorial del sitio web www.reporterospoliciacos.mx.
Según los
reportes oficiales que proporcionó el gobierno del estado en conferencia de
prensa, y por diversas fuentes, el periodista, quien también trabajaba para
Milenio El Portal de Vercruz, perteneciente al grupo Milenio, fue interceptado
por un comando armado de tres personas que lo obligó a subir en una camioneta
gris alrededor de las 23:30 horas del 13 de junio.
Si bien
las autoridades indicaron que fue implementado el operativo Veracruz Seguro y
cerraron las salidas de la ciudad, sólo lograron localizar el cuerpo del
periodista a las 5:00 horas de este jueves, y a tan sólo 20 cuadras del centro
de la ciudad. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que abrió
la investigación ministerial 715/2012, y la vocera del gobierno del Estado
aseguró que se harían las investigaciones pertinentes.
Sólo en la
actual administración estatal, suman ya nueve los periodistas asesinados, en la
entidad.
Además,
hubo un ataque con explosivos a un medio de comunicación y diversas agresiones
graves como allanamientos, amenazas y despidos injustificados posteriores a
éstas. Como consecuencia de amenazas e intimidaciones, más de media docena de
periodistas han tenido que salir del estado -uno de ellos solicitó asilo en
Estados Unidos- ante la falta de garantías para el resguardo de sus vidas y el
ejercicio de la libertad de expresión.
En los
casos descritos, si bien hubo amenazas corroboradas previas a varios crímenes,
la falta de acción oportuna y eficaz de las autoridades competentes impidió
salvar esas vidas.
Al mismo
tiempo, las investigaciones de lo casos no han arrojado ningún resultado
concluyente, con lo cual se ha propiciado la repetición de los hechos
delictivos y la indefensión de las víctimas, como se ha podido constatar.
La
situación que vive la prensa en el estado es crítica y se prevé que las
agresiones no cesarán mientras el gobierno de Veracruz continúe sin dar una
respuesta eficaz a los llamados urgentes que diversas organizaciones nacionales
como internacionales, el propio gremio periodístico y la sociedad en general, le
han reiterado sobre su obligación de proteger y asegurar la integridad física
de las y los periodista, sin escatimar esfuerzos.
A
principios de junio el gobierno del estado anunció el envío de un proyecto de
ley al Congreso estatal de una Comisión para la Atención y Protección de los
Periodistas en Veracruz. Independientemente del destino de esta iniciativa,
consideramos que el gobierno del estado tiene una obligación ineludible de proporcionar
garantías de seguridad a todos sus habitantes, incluyendo naturalmente al
gremio periodístico, y no puede esperar a que esa Comisión sea operativa para
cumplir con dicha obligación.
Como
establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el asesinato, secuestro,
intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción
material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las
personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados
prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las
víctimas una reparación adecuada”.
En el
marco de las obligaciones constitucionales del Estado mexicano, solicitamos a
las autoridades competentes:
Del
gobierno del estado de Veracruz:
Ofrecer
garantías efectivas de seguridad para la vida, la libertad, la integridad
física y moral, y el ejercicio de la libertad de expresión para periodistas y
medios de comunicación.
Que ante
las amenazas a la vida y a la libertad de expresión, el gobierno del estado
actúe en consecuencia y con la debida diligencia, protegiendo a periodistas y
medios de comunicación, y lo haga público.
Que el
gobierno del estado de Veracruz y la Procuraduría General de la República
investiguen los casos de homicidios, desapariciones, amenazas y agresiones de
cualquier tipo a periodistas y medios de comunicación, que de manera urgente
identifique a los responsables y los someta a la justicia.
Es
indispensable que el gobierno transparente las investigaciones sobre los
crímenes de periodistas ocurridos en la entidad, para lo cual debe de ofrecer,
de manera inmediata, una explicación de los avances de las indagatorias, y la
actualice en un plazo no mayor a tres meses.
Del
Gobierno Federal:
Una acción
urgente, extraordinaria e inmediata para Veracruz a fin de implementar medidas
de protección para periodistas y que involucre a la Secretaría de Gobernación,
la Procuraduría General de la República y la Policía Federal.
Apoyo
institucional inmediato a la FEADLE para investigar los crímenes en todo el
país, y que ésta informe sobre el avance de sus investigaciones con
regularidad.
Firmas:
Internacionales:
Associacao Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji, Brasil), Artículo 19
(Oficina México y Centroamérica), Association of Caribbean Media Workers (ACM,
Trinidad y Tobago), Asociación por los Derechos Civiles (ADC, Argentina),
Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Medios de Información
(WAN-IFRA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, Asociación Nacional de
Periodistas del Perú (ANP), Centro de Periodismo e Investigación (CIPER,
Chile), Centro Knight para el Periodismo en las Américas (Rosental Calmon
Alves), Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, Nueva
York), Comité por la Libre Expresión (C-Libre, Honduras), Dart Center for
Journalism and Trauma (DART, EE.UU), Federación de Periodistas de América
Latina y el Caribe (FEPALC), Federación Internacional de Periodistas (FIP),
Freedom House (Oficina México), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Foro de
Periodistas Paraguayos, Fundación Andina para la Observación y Estudio de los
Medios (Fundamedios, Ecuador), Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI,
Colombia), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP, Colombia), International
Center for Journalists (ICFJ, EE.UU), International
Media Support (IMS, Dinamarca), Observatorio Latinoamericano para la Libertad
de Expresión (OLA), Trust for the Americas (Washington),Reporteros sin
Fronteras, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
México:
Asociación de Periodistas y Comunicadores de Durango AC, Asociación de
Periodistas y Comunicadores 7 de junio (Sinaloa), Asociación Mexicana para el
Derechos a la Información (AMEDI), Asociación Mundial de Radios Comunitarias
(AMARC), Casa de los Derechos de Periodistas, Centro Nacional de Comunicación
Social (CENCOS), Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), Club de Periodistas
de México, Colegio de Comunicadores y Periodistas de Chiapas (CCOPECH), Colegio
de Periodistas y Comunicadores de San Luis Potosí, Foro de Periodistas Chiapanecos
A.C., Frente Nacional por la Libertad de Expresión (Sindicato Independiente de
Trabajadores de la Jornada, Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa,
Delegación Sindical de Radio Educación, Sindicato Único de Trabajadores de Notimex,
Abogados de la ANAD), Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex),
Iniciativa Sinaloa, Periodistas de a Pie, Red de Periodistas de Juárez, Red
Mexicana de Reporteros Tierra y Libertad.
Periodistas
y medios de comunicación: Agencia Ika Balam, Agencia Nacional de Prensa
Indígena (AIPIN), Ignacio Alvarado, Gerardo Albarrán de Alba (Ombusman, MVS
Radio), María del Carmen Ballena Rázuri (Dtora Ultimas Noticias, Perú),
Borderzine (El Paso, Texas), Lolita Bosch (España), Lidia Cacho (El Universal),
Luis Cárdenas (MVS Radio), Rafael Cardona, José Carreño Carlón, Carlos Fernando
Chamorro (Dtor. Confidencial y Esta Semana, Nicaragua), Alejandro Colón (La
Prensa), Alfredo Corchado (The Dallas Morning News), Francisco Cuamea
(Noroeste), Katia D´Artigues (El Universal), Melissa del Bosque (Texas
Observer), Álvaro Delgado (Proceso), Diario Noroeste (Sinaloa), Carlos Ferreyra
Carrasco(LatinPress), Guillermo García E. (La Jornada), Francisco Garfias
(Excélsior), Javier Garza (Dtor. El Siglo de Torreón), María Idalia Gómez
(24Horas), Mónica González (Dtora. Ciper, Chile), Gustavo Gorriti (Dtor. IDL
Reporteros, Perú), Eduardo Ibarra Aguirre (Forum en Línea), Sergio Haro
(Semanario Zeta), Antonio Heras (La
Jornada), Julio Hernández López (La Jornada), Jorge Meléndez Preciado (El
Financiero), Fernando Meraz (Milenio), Patricia Mercado (Dtora. Gral. Grupo
Editorial Zacatecas), Ginna Morelo (Editora El Meridiano, Colombia), Georgina
Moret (24Horas), Estela Livera (conductora TV), Gotson Pierre (Editor Agencia
AlterPress, Haití), Leticia Pineda (AP), Fabio Posadas (Editor El País,
Colombia), Revista Contralínea, Martín Rodríguez Pellecer (Dtor. Plaza Pública,
Guatemala), Ana Lilia Pérez, Sandra Rodríguez (Diario de Juárez), Ignacio
Rodríguez Reyna (Dtor.Emequis), Javier Sicilia (Proceso), Andrés Arturo Solís,
Gabriel Sosa Plata (IMER), María Verza (Onda Cero Radio, España), José Rubén
Zamora (Dtor. El Periódico, Guatemala), Jorge Zepeda Patterson (Dtor.
sinembargo.mx).
