Los datos en la web sustentan los señalamientos. En su página personal aparecen comentarios de sus amigos que le advertían que se saliera de eso y otros en los que “ella misma se arrepentía” de estar ahí.
Lizbeth es una de las 35 personas que fueron asesinadas y arrojadas en un paso a desnivel de Boca del Río el 20 de septiembre pasado.
En las investigaciones judiciales, también es una de las 23 víctimas que no tenían antecedentes penales pero por diversas circunstancias podrían tener alguna relación con criminales. Algunos de los casos son por accidente o incluso por parentesco. Es decir, no se puede asegurar que hayan sido delincuentes y mucho menos que hayan pertenecido a algún cártel del narcotráfico, como lo presumieron las autoridades de Veracruz inmediatamente después de ocurridos los hechos.
Diana, otra de las fallecidas, de 16 años, tuvo la mala fortuna de subir a su Facebook una fotografía en la que posa en una Hummer. La red de vínculos elaborada por las autoridades ministeriales de Veracruz, y que hoy está en manos de la PGR, sospecha que la muchacha era novia de un “halcón” (como les llaman a los informantes del narcotráfico) presunto integrante de “Los Zetas”, pero no se especifica en qué basan su presunción.
Parte de los señalamientos de la menor de edad con criminales se basan también en dos relaciones de parentesco: la de su papá, Isaías, procesado y sentenciado en Coahuila, y de su madre, Aída, de 39 años de edad, quien también murió ejecutada en Boca del Río.
La red de vínculos enlista los nombres de 30 de los 35 muertos, que hasta hoy son los identificados, e ilustra a partir de fotografías y flechas de colores la relación que podrían tener con 30 delincuentes que forman parte del crimen organizados. Entre ellos aparecen, como la parte alta de la pirámide criminal, que se supone correspondería a “Los Zetas”, los nombres de Aquiles Amaranto Cruz Hurtado, jefe de plaza de la organización en Veracruz y a quien apodan “El Comadante Chilaquil”, así como su hermano Ulises Fernando, alias “Ula Ula”, considerado como jefe de “estacas”; es decir, de los escoltas de los mandos.
Nexos y “malos pasos”
Los cruces de datos que aparecen en el documento detallan que siete de los 30 identificados tenían antecedentes penales. Del resto, son los mensajes aparecidos por las redes sociales, los parentescos y otros factores como detenciones –o sospechas de las mismas- por delitos menores o faltas administrativas, las bases de las suposiciones para acusarlos.
De esta manera, de Gabriel, otro de los muertos, se rastreó que fue detenido como posible responsable de la desaparición del administrador aduanal Francisco Serrano Aramoni, aunque no estuvo sujeto a proceso penal, y que era hermano de “El Comandante Chilaquil” y “El Ula Ula”.
De otros más hay sospechas con poco fundamento. Karen, por ejemplo, tuvo señalamientos por un homicidio que no prosperaron; de Gerado, otro menor de edad, no se aclara su relación con los delincuentes aunque se cree que era informante; de Fernando, que tenía sólo 14 años, se dice que era “halcón” pero no se explica por qué ni existe una causa penal en su contra, o de Pedro, solamente que “participó en enfrentamientos violentos”.
Iván, un sexoservidor identificado también como “La Brigitte”, se dice que también era informante del narcotráfico solamente porque cerca de su domicilio fueron asesinados tres supuestos “halcones” el 26 de agosto pasado.
De Juan Martín se cree que era narcomenudista y que reclutaba jóvenes para los criminales. Sin embargo, su único acercamiento real con un proceso penal es la vinculación que tuvo con un ex elemento de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río (PIVB) procesado por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
