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| Febrero de 2010. Manifestación en Guerrero por agresiones al gremio. |
Suelen ser periódicos o estaciones establecidas en el ámbito estatal y local, más no nacional, en las que los reporteros y periodistas son fácilmente ubicables.
Un caso ejemplar de esfuerzos de este tipo en México es el de Chihuahua, donde a partir del dominado Sistema Integral de Seguridad para Protección de Periodistas del Estado de Chihuahua, conformado entre autoridades y periodistas, se creó en agosto de 2010 un protocolo que apenas está intentando aplicarse.
Su contenido fue definido en una mesa técnica de trabajo comisionada para tal efecto por ambos sectores, teniendo como origen la preocupación por la escalada de violencia. El método consistió en definir principios generales de protección a la actividad periodística que vinculan a periodistas, medios de comunicación, autoridad y sociedad. Posteriormente se establecieron los procedimientos mínimos que el Sistema debía contener, destacando entre ellos un “Protocolo de seguridad para la cobertura de sucesos de alto riesgo”, pero también un procedimiento cautelar de protección y uno de flujo de Información.
El documento está integrado por recomendaciones generales y específicas de autoprotección. Las primeras deben constituir una acción permanente de los periodistas y los medios de comunicación; las segundas tienen aplicación únicamente, tanto en la cobertura como en la publicación de sucesos de alto impacto, que pudiesen constituir riesgo. En este apartado se consideró necesario seguir el modelo colombiano incluyendo medidas de autoprotección para los casos de “artefacto explosivo”, “amenaza”, “atentado”, “secuestro”, “hostigamiento por parte de elementos de la fuerza pública”, “protestas y desorden civil”, ya que cada uno de ellos tiene recomendaciones que sólo se actualizan en cada uno.
Siguiendo una política internacional y local de protección a la víctima, señala el documento, se incorporó el “Procedimiento cautelar de protección”, donde se propone el funcionamiento de dos órganos, uno técnico y otro plural e interinstitucional, con la representación rotativa de organizaciones periodísticas.
El grupo técnico, integrado por personal especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, califica amenazas y autoriza medidas cautelares necesarias para proteger al periodista, incluso sustrayéndolo del lugar de riesgo. A su vez, el Comité de Riesgo realiza funciones de seguimiento y evaluación a las decisiones de protección.
En el citado protocolo destacan propuestas novedosas como que el Estado coadyuve en la profesionalización y actualización continua de los periodistas, que instrumente y opere un procedimiento inmediato para salvaguardar a comunicadores amenazados, que investigue toda agresión a periodistas en forma inmediata y eficaz, que rinda cuentas sobre las investigaciones y resoluciones relacionadas con agresiones a periodistas, dándoles la más amplia difusión, y que implementar los mecanismos adecuados para supervisar a los servidores públicos en sus relaciones con los medios de comunicación.
El periodista en la calle
Sobre la actuación específica del periodista, propone que éste busque y trasmita la información de manera ética, veraz y oportuna; que se capacite de manera continua, y que no sea objeto en ningún momento de agresiones o represalias, interferencias, presiones directas o indirectas al recabar y publicar información, pues en todo momento será protegido por el Estado. Asimismo, el comunicador deberá denunciar las agresiones de que sea objeto con motivo de su actividad profesional.
Destaca, además que el periodista deberá contar con el equipo adecuado para el desempeño de sus funciones, que deberá adoptar políticas editoriales de autoprotección al manejar información de riesgo, y que en todo momento deberá respetarse el secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista.
Entre las recomendaciones generales que enumera el protocolo destacan que el reportero se identifique como tal, que en caso de que por amenaza o presión no pueda publicar información en la prensa local, la comparta con periodistas de medios de comunicaciones nacionales, de otras ciudades o internacionales; que evite sustentar las noticias con fuentes anónimas, que busque alternativas de información para contrastar los datos obtenidos que sustenten las noticias, que revise continuamente el desarrollo de su trabajo periodístico para advertir cuando una nota ordinaria se convierte en una información de alto riesgo.
Se propone que el reportero hable por teléfono con la misma precaución que lo haría si supiera que lo están interviniendo, que evalúe su condición física mediante un examen médico para evitar riesgo, que sea prudente con el uso de información filtrada, que concientice a su familia acerca de los riesgos que implica su profesión, que adopte medidas básicas de seguridad en el hogar como el uso de alarma, visor en puerta principal o iluminación exterior; que interrelacione con su entorno vecinal, que denuncie personas o situaciones sospechosas, que modifique sus hábitos de desplazamiento, tanto en horarios como en rutas y genere espacios de protección al conducir, que camine en sentido contrario al del flujo vehicular, y que genere copias de seguridad de su material periodístico, de preferencia impreso y guárdelas en un lugar distinto.
Medidas novedosas
El texto elaborado en Chihuahua incluye una serie de recomendaciones específicas en caso, por ejemplo, de amenazas:
- Asuma como cierta toda clase de amenaza, no entre en pánico y avise a las autoridades; nunca acepte la intermediación de terceros y analice la pertinencia de su divulgación.
- Intente establecer el origen y los posibles autores de la amenaza (tono de voz, acento, género, frases utilizadas), así como un posible móvil e infórmelo.
Grabe las conversaciones e instale un identificador de llamadas; si es por escrito conserve el documento.
Asimismo, expone otras recomendaciones específicas en caso de atentado:
- Huya del atacante y protéjase; llame la atención.
- Trate de memorizar los rasgos físicos y la vestimenta de quien quiere atentar contra usted. Si lo persiguen desde un carro, memorice la placa, el color y el modelo.
- Si va en vehículo, mantenga las puertas con seguro y preferiblemente las ventanas arriba. No se detenga en lugares aislados. Si lleva acompañantes y los persiguen, pídales que se tiren al suelo hasta que pase el peligro.
- Si va a pie ingrese a lugares concurridos, de vigilancia policial o privada y centros comerciales. Avise a vigilantes o personas que puedan escoltarlo hasta un lugar seguro y pueda llamar a las autoridades o alguien de su confianza.
Las recomendaciones específicas en caso de secuestro o “levantón”, como en la jerga periodística, de las autoridades y del crimen organizado se conoce a las privaciones ilegales de la libertad de algunas personas por acciones que supuestamente afectan a los criminales, el protocolo establece que son:
- No pierda la calma y evite confrontar a sus secuestradores.
- Adopte un papel pasivo.
- Siga las recomendaciones de sus secuestradores.
- No haga caso a los intentos de desestabilizarlo emocionalmente.
- Dialogue con sus captores e indíqueles que es periodista, que su oficio es informar y que no es su enemigo.
- No esconda información. Responda única y exclusivamente lo que le pregunten.
- Solicite avisar a su familia.
- Mantenga su mente activa: lea, escuche radio, escriba.
- Si son varios los secuestrados, brinde apoyo anímico.
68 crímenes en 11 años
El estado de Chihuahua vivía ya a finales del año pasado una ola de violencia atribuida a una pugna entre un cártel local y otro originario de Sinaloa, a la que culpaban de más de 2 mil 700 homicidios en 2010 en la ciudad fronteriza.
El Diario de Juárez, que trabaja independiente del Diario de Chihuahua pero comparte propietario, también sufrió a mediados de septiembre el asesinato de un fotógrafo. Los crímenes, en siguientes meses, se fueron dando con similar frecuencia hasta la fecha, cuando la lista de periodistas muertos crece y los resultados de las autoridades frente a las respectivas investigaciones son magros.
El diario veracruzano Notiver vivió la muerte de dos de sus periodistas en fechas recientes. El 26 de julio de 2011, el cuerpo de la reportera Yolanda Ordaz de la Cruz fue encontrado durante la madrugada en la colonia Jardines de Virginia del municipio de Boca del Río, según el reporte de las autoridades policiales. La periodista de la fuente policiaca y columnista de Notiver, periódico de mayor circulación en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, estaba desaparecida desde hacía 48 horas, se informó.
El cuerpo de Ordaz de la Cruz fue localizado alrededor de las 4:00 horas en la avenida Ruiz Cortines, en las inmediaciones de otro periódico, Imagen del Golfo, luego de que vecinos del fraccionamiento alertaron a los uniformados del hallazgo.
Este fue el segundo homicidio en menos de dos meses en contra de trabajadores del periódico veracruzano, ya que un mes antes, el 20 de junio, fue asesinado Miguel Ángel López Velasco, columnista y subdirector de este medio, junto con su esposa y un hijo menor de edad.
Dos días después del hallazgo del cuerpo sin vida de Yolanda Ortiz de la Cruz, por lo menos cinco reporteros de Notiver abandonaron la ciudad de Veracruz ante la falta de garantías para proteger su integridad física y el desarrollo de su profesión, informó el rotativo.
Después, el 24 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se había recibido aviso por parte de elementos de la Policía Ministerial de que en la Colonia Madero se encontraba un cuerpo sin vida, decapitado y con un mensaje atribuido a un grupo delictivo.
El Ministerio Público llevó a cabo la diligencia y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicó la autopsia de ley.
Este mismo día se identificó a la persona fallecida como María Elizabeth Macías Castro, de 39 años de edad y quien se desempeñaba como jefa de redacción del periódico Primera Hora.
Junto al cuerpo, fue dejado un cartelón, en donde acusaban a esta víctima de usar el seudónimo de La Nena de Laredo, y de navegar en el portal Nuevo Laredo en Vivo y en las redes sociales para pasar los reportes de hechos violentos que suceden en esta ciudad. Además de colocaron dos teclados de computadora, un reproductor de discos y varios cables.
Diagnóstico
Las cifras a nivel nacional sobre estas agresiones son preocupantes. El año pasado, por lo menos 12 periodistas fueron asesinados en México, según la organización civil “Reporteros sin Fronteras”. El reporte más reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), difundido apenas el 6 de junio de 2011 a través de Frank La Rue, relator especial del organismo para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión, es todavía más dramático. Señala que 66 periodistas han resultado asesinados y 12 permanecen desaparecidos en nuestro país entre los años 2000 y 2010, lo que convierte a México en la nación más peligrosa de América Latina en el ejercicio de este oficio. Desde esa fecha, se han documentado por lo menos otras dos muertes como parte del ejercicio periodístico.
Según el funcionario, es “la falta de voluntad política por parte de la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas de la PGR, parte de este problema”, ya que desde 2006, año en que fue creada, no ha alcanzado la sanción penal de un solo responsable y ha consignado apenas cuatro casos.
La Rue detalla los datos a partir de una misión oficial conjunta con la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, efectuada apenas en agosto del año pasado en territorio mexicano. Ambos visitaron el Distrito Federal, el Estado de México, Chihuahua, Guerrero, donde se reunieron con autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales, a nivel federal y estatal, además de organizaciones de la sociedad civil y de periodistas.
En el informe se detalla la ausencia de una política pública integral tendiente a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio; imposibilita que la sociedad mexicana contribuya a combatir el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población.
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