Fox y el PRI, blancos de la PGR

Morales, la investigadora.

La procuradora Marisela Morales lo ha dicho y lo reiteró apenas el mes pasado en la reunión con los reporteros que cubren la fuente. La institución a su cargo no se utilizaría con tintes políticos en el actual año electoral.

“De ninguna manera, la procuraduría solamente cumple con su función Constitucional y así va actuar de manera responsable con estricto apego a la ley y sin ningún tipo de presiones ni de interés partidista ni de ningún otro tipo”, repitió lo que ya había mencionado, meses atrás, cuando fue aprehendido Jorge Hank Rhon.

Sin embargo, mientras que los grandes asuntos de delincuencia organizada y narcotráfico han quedado diluidos -Joaquín El Chapo Guzmán está lejos de ser capturado, ya lo reconoció el secretario de Marina Francisco Saynez, y a Saadi Gadafi, el hijo del dictador libio Muammar Gadafi, ya hasta lo consideran víctima de tráfico de personas, por lo que no hay acusaciones en su contra-, se fortalecen, mientras tanto, investigaciones contra aquellos políticos que puedan generar ruido o estorbar al gobierno panista en sus aspiraciones electorales.

Guzmán Loera, el olvidado.

Primero, se dio a conocer la reactivación por enriquecimiento ilícito de varias averiguaciones previas en contra del ex presidente Vicente Fox. En el interior de la PGR se habla de que sí, como puede imaginarse, esta decisión obedece a una serie de declaraciones del ex mandatario en contra de las políticas de Felipe Calderón. "Le quieren callar la boca", dicen los servidores públicos y hasta al ex amigo de Fox, Lino Korrodi, se le hizo extraño que se tomara la decisión de revivir aquellas indagatorias que se extenderían a Marta Sahagún y a los hijos de ésta.

"Si ahora sí va en serio, sí voy a declarar", asegura Korrodi, poco convencido.

La semana pasada, con diferencia de unas horas, los medios informativos difundieron dos noticias en las que los protagonistas son, otra vez, la PGR y políticos, en ambos casos ahora del PRI.

La primera: la retención en el aeropuerto de Toluca de 25 millones de pesos a un empleado del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y las dudas, por supuesto, surgieron. ¿Cómo encontraron en dinero en una terminal aérea donde se realizaría un vuelo local? ¿Por qué la información fue filtrada a un medio informativo nacional?

La segunda: la existencia de una alerta migratoria para que se avisara a la PGR de la entrada y salida del país, a través de los aeropuertos nacionales, de tres ex gobernadores de Tamaulipas: Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.

Fox, el peligro.

La alerta se lanzó por una serie de investigaciones judiciales en contra de los ex mandatarios por presuntos delitos de narcotráfico. De la misma forma, la información de filtró a un par de medios; la PGR negó esta autoría pero se tardó 17 horas en salir a hacer una aclaración por demás absurda. En síntesis, dijo que la procuraduría no había emitido dicha alerta y que ésta no implicaba que los personajes tuvieran prohibido salir del país.

Esto último es cierto, pero también es verdad que una vez notificada la PGR de los movimientos de cualquier persona que forma parte de una investigación, ésta puede ser declarada por el Ministerio Público Federal o hasta detenida, acogiéndose la autoridad ministerial a la figura de "caso urgente". Es decir, Cavazos, Yarrington y Hernández están en poder de la procuraduría de Marisela Morales.

Yarrington, nuevo capo a seguir.

Ellos tres, el gobernador Duarte y el ex presidente Fox son, por lo tanto y para resumir lo que sucedió las últimas semanas, la prioridad para nuestra fiscalía general que sigue arrastrando su imposibilidad por detener las múltiples muertes por narcotráfico que persisten en el país, a falta de investigaciones sólidas que mantengan en prisión e inahbiliten a los verdaderos operadores del crimen organizado.