“Se decreta formal libertad por falta de elementos a favor de Kalimba Kadjhali Marichal… ¡¡alias La Güera!!”.No, no es que necesariamente así le dijeran desde que estaba chiquito o que éste fuera el mote adoptado por supuestos cómplices de la banda de violadores a la que pertenecía –que al final supimos que no pertenecía, por supuesto-, sino que los ministerios públicos o fiscales de las procuradurías, comandantes de policías o responsables de realizar detenciones, suelen ser los fabricantes de esos alias.
No es nueva la discusión generada en el interior de los medios de comunicación sobre qué tan violatorio de las garantías individuales o tan estigmatizante puede resultar colocar un alias junto al nombre de cualquier presunto delincuente aprehendido.
En varios de estos medios se ha concluido que se debe publicar solamente el nombre con los apellidos del imputado. Cosa lógica si lo que se busca, conforme a la ética periodística, es respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, independientemente de que la fuente de información insista en incluir los apodos.
Pero, ¡oh, sorpresa! El tema de los alias tiene su razón de ser, por lo menos para los servidores públicos que difunden nombres, rostros y características de detenidos.
Servidores públicos de la PGR reconocen que los apodos, tan simpáticos y ocurrentes algunas veces, tan pasados de la raya muchas otras, les sirven para evitar denuncias por homonimia.
Es decir, si una procuraduría presenta a un narco identificado como Édgar Valdez Villarreal, puede aparecer un ciudadano común, como tú o como yo, cuyo nombre sea justamente Édgar Valdez Villarreal.
Este último está en todo su derecho por denunciar a las autoridades de la PGR por causarle un daño moral, difundir su nombre como el de un delincuente y en los peores casos, no conseguir trabajo o que lo malmiren en su colonia por estar bajo sospecha de ser un delincuente, o por lo menos, de llamarse igual al que presentaron en la tele.
Si a ese Édgar Valdez Villarreal le agregas un apodo, digamos “La Barbie”, entonces la cosa cambia. Si el ciudadano común Édgar Valdez Villarreal quiere reclamarle a la PGR, ésta le puede responder: “no te preocupes, éste tiene un alias que no corresponde a ti”.
Las homonimias, dicen los servidores públicos consultados, son un asunto muy común. Hay cientos de Juanitos Pérez viviendo en el país; algunos de ellos son detenidos y ¿cómo diferenciarlos a uno de los otros? Pues con el bendito alias.
Aunque en México difícilmente haya muchos Kalimbas Kadhjali Marichal como se llama el ex cantante de OV-7, las demandas son dolores de cabeza, e invariablemente ahí, en ese expediente, había que incluir un alias como procedimiento, como paso para protección de la autoridad.
Los medios de comunicación entonces qué deberán hacer. He aquí la disyuntiva: ¿respetar las garantías del detenido o librar, paralelamente a las procuradurías o policías, una denuncia por daños morales o infundios a un inocente?
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