Mondragón y su 7.5

Ah, qué jefe tan indeciso... (Foto: El Economista)

Qué penoso es cuando un funcionario público, sin más ni más, llama a algún medio de comunicación para que no se difunda una declaración que hizo pública y peor todavía, cuando solicita que se modifiquen las palabras que ya dijo y que se presente al público una nota diferente a la difundida.

En este espacio hablamos de que hay funcionarios federales y sus colaboradores que ya lo han hecho. El colmo es que también los servidores públicos locales, en este caso del DF, y pertenecientes a otro partido aparentemente con mayor apertura (¿o no es así?), utilicen esos mismos recursos para ocultar lo que el alto funcionario dijo, posiblemente sin pensarlo, ante los representantes de la prensa.

El tema cobra vital importancia sobre todo días después que se firmó un acuerdo para la cobertura  de temas de violencia, en el que debieron quedar claras las responsabilidades de los medios en la difusión de las noticias, pero donde también es importante que los servidores públicos sean responsables del mensaje que dan y lo sostengan frente a la opinión pública.

Ayer, después de un simulacro ante un probable sismo de 8.0 grados en la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Pública del DF, Manuel Mondragón y Kalb, convocó a conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de esta operación. Un reportero preguntó al funcionario capitalino que en una escala del cero al 10, cuál sería la calificación que él le daría a sus policías durante el simulacro.

El jefe policiado, después de asegurar frente a los micrófonos que se trataba de una "buena pregunta", respondió:

"Yo creo que es un ejercicio que nos llevó a un 7.5; es decir, soy muy exigente, cualquiera podría decir que es 9 y medio. No, todavía hay detalles que quiero ver pero sin duda ya es un ejercicio que si algo pasara hoy, ya estamos listos", expresó Mondragón, de manera crítica.

La respuesta ni era la cosa del otro mundo ni ponía en riesgo la seguridad nacional. Simplemente dejó en claro que Mondragón no consideraba que los policías en el simulacro merecieran mejor calificación, la cual ni siquera fue reprobatoria.

Sin embargo, luego al jefe policiaco, a sus colaboradores, a sus jefes o quién sabe a ciencia cierta a quién, no les gustó lo declarado.

Funcionarios del área de comunicación social se encargaron de hacer llamadas telefónicas para que, por lo menos, los medios con espacios en Internet, modificaran la nota. Dos de ellos, y eso es todavía más penoso, accedieron.

Los voceros argumentaban en las redacciones que la declaración de Mondragón se había realizado "off de record" lo cual es falso, pues correspondía a la primera respuesta que el funcionario dio a los reporteros en la rueda de prensa.

En fin, habrá que educar a nuestros servidores públicos para que tomen conciencia de que lo que se declara ante grabadoras, debe sostenerse. 

¿Y los reporteros?

Medidas van, medidas vienen. Foto: AP

Por supuesto que es positivo que 715 medios informativos en el país hayan firmado el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia y que aparentemente sea este documento el de mayor convocatoria entre integrantes (directivos) de esta industria.

Gran parte del contenido del texto -lo referente a no prejuzgar culpables, cuidar a las víctimas y a los menores de edad u omitir y desechar información de los grupos criminales con propósitos propagandísticos, por ejemplo- son medidas que ya toman algunos conocidos medios de comunicación desde hace por lo menos seis años, como el periódico El Universal y la agencia Notimex, siguiéndolos al pie de la letra.

Hoy, a través de un documento más elaborado y en que por vez primera hay tanta coincidencia pero que no presenta grandes novedades, quedan preguntas, quizás las mismas, sobre el trabajo de las empresas periodísticas relacionado con la formación, protección y beneficios hacia sus reporteros.

Algunas de las interrogantes que surgen a partir de que se hizo el anuncio, apenas el pasado 24 de marzo, son las siguientes:

- ¿Cuántas reuniones previas a la elaboración de este documento se realizaron para conocer las preocupaciones y necesidades de los reporteros que cubren, desde los lugares más conflictivos, los casos de violencia generados por la delincuencia organizada? Por lo menos el día de la foto hubo directivos de los medios, comunicadores que salen a cuadro y hasta integrantes de la sociedad civil pero no se vieron imágenes o se tomaron declaraciones de los periodistas que salen a cubrir la nota.

- ¿Se tomaron en cuenta los testionios de quienes han sufrido amenazas y de los que siguen viviendo en zonas y estados verdaderamente de riesgo tienen que callar la información que conocen?

- ¿Cuántas empresas periodísticas revisaron antes los salarios, condiciones laborales, seguros médicos o por accidente, por mencionar algunos beneficios, de sus reporteros, por lo menos de los que trabajan en situación de riesgo?

- ¿Cuántos medios de comunicación otorgaron recursos para capacitar a su personal en estos temas, quizá a través del intercambio de experiencias con otros países en los que se han vivido situaciones de violencia similares?

- ¿Ya se midió la efectividad, por ejemplo, de tomar medidas como no firmar notas que abordan los temas de mayor riesgo? ¿Sirve?

- ¿A qué se refiere el acuerdo, en su punto número 10, cuando establece que "los medios no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra la delincuencia organizada"? Pese a que posteriormente precisa que se puede cuestionar la efectividad de la acción gubernamental, ¿en automático deben avalarse los operativos en los que está comprobado que suelen ocurrir enfrentamientos a balazos y muertes?

Una vez dejando al aire las interrogantes, esperemos que el acuerdo se cumpla y que pueda medirse su efectividad.

He aquí el documento completo: 

EL PUNTO DE PARTIDA

 México vive una situación sin precedentes por los niveles y las formas que ha adoptado la violencia que proviene de la delincuencia organizada. Esta situación ha puesto a prueba la capacidad del Estado para combatir a los grupos que han hecho del terror su modo de operar. El poder intimidatorio y corruptor criminal se ha constituido en una amenaza a las instituciones y prácticas que sustentan nuestra vida democrática.

 Asimismo, la delincuencia organizada, y el terror que ha logrado propagar, amenaza ya en algunos lugares del país las libertades fundamentales de la sociedad. La posibilidad de expresarse, de reunirse o de transitar libremente está muy limitada en localidades importantes del país.

 Los medios no somos ajenos a esta situación. Según los organismos internacionales más importantes en la materia, México es uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo y la libertad de prensa por la presión de la delincuencia organizada. El reto que hoy enfrentamos desde los medios es seguir informando a la sociedad en un contexto de alto riesgo. Para lograrlo, necesitamos de una estrategia que permita a los informadores continuar con su trabajo y no dejar que el terror vaya cancelando plazas informativas. Hoy, la libertad de expresión está amenazada.

 La responsabilidad del combate a la delincuencia organizada recae en los órganos de los tres niveles de gobierno del Estado mexicano. Puede y debe debatirse si la forma en que el gobierno ha decidido combatir al crimen organizado es la adecuada. Pero ese debate tiene que partir del reconocimiento de la obligación constitucional que tiene el gobierno de cumplir y hacer cumplir la ley.

 Los medios tenemos la responsabilidad de actuar con profesionalismo y de preguntarnos sobre las implicaciones potenciales que tiene el manejo de la información. Por ello, como en todas las noticias, las que involucran a las organizaciones criminales deben apegarse fielmente a los hechos, al tiempo que provean elementos contextuales suficientes para su adecuada comprensión. Tratándose de estas noticias, los periodistas y sus casas editoriales debemos estar conscientes de que los hechos pueden tener como fin primordial convertirnos en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado.

 Uno de los retos centrales que tenemos los medios en este tipo de coberturas es cómo consignar hechos con valor periodístico y a la vez limitar los efectos estrictamente propagandísticos de los mismos. Este no es un reto exclusivo de nuestro país; todos los países en los que hay grupos que usan tácticas terroristas lo enfrentan y en muchos de ellos han definido principios y criterios editoriales. En unos casos, esos principios y criterios han sido adoptados por cada medio en particular, mientras que en otros se han establecido acuerdos que involucran a varios medios.

 En México, muchos medios hemos ido definiendo criterios para cubrir adecuadamente este fenómeno, al tiempo que hemos tomado medidas para salvaguardar la seguridad personal de nuestros periodistas. Recientemente se ha iniciado un intercambio de puntos de vista entre varios medios para compartir experiencias en este tema. En situaciones de crisis también se han dado muestras de solidaridad y se han tomado decisiones de apoyo a quienes lo han necesitado. Sin embargo, estos intercambios no han desembocado todavía en acuerdos formales que den mayor orientación y protección a un número amplio de medios.

 El presente Acuerdo responde a esa situación. Sin libertad de expresión no hay democracia. Se trata de un ejercicio que retoma las experiencias que han vivido otras democracias desde el primer cuarto del siglo pasado. Quienes lo suscribimos nos planteamos los objetivos y asumimos los principios rectores y los criterios editoriales que a continuación se enlistan.

LOS OBJETIVOS DEL ACUERDO

 Proponer criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada con el propósito de propagar el terror entre la población no sirva para esos fines.

 Establecer mecanismos que impidan que los medios se conviertan en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado.

 Definir criterios para la protección de la identidad de las víctimas de la violencia generada por la delincuencia organizada.

 Establecer mecanismos para la protección de los periodistas en situaciones de riesgo.

 Promover el respeto a la legalidad, el combate a la impunidad y la participación ciudadana.

 Sumar al más amplio número de medios al Acuerdo y, de manera especial, a aquellos que se encuentran en las zonas de mayor conflicto.

 Crear mecanismos de seguimiento del Acuerdo que permitan conocer el grado de apego al mismo.

LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL ACUERDO

 El respeto a las libertades de expresión y de prensa.

 La independencia editorial de cada medio de comunicación.

 La obligación de los medios para informar con profesionalismo.

 La responsabilidad social de los medios sobre lo que informan.

LOS CRITERIOS EDITORIALES DEL ACUERDO

1) Tomar postura en contra.

Los medios debemos condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada, enfatizar en el impacto negativo que tiene en la población y fomentar la conciencia social en contra de la violencia. Bajo ninguna circunstancia, los medios debemos justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo.

2) No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada.

En la cobertura del crimen organizado y sus estrategias de terror, los medios debemos:

 Evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes.

 Abstenernos de usar inadecuadamente términos jurídicos que compliquen la comprensión de los procesos judiciales en contra de la delincuencia organizada.

 Impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos, pues esto les ayuda a construir una imagen favorable ante la población, a convertir en tolerables sus acciones e, incluso, a ser imitados.

 Omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos. No convertirse en instrumento o en parte de los conflictos entre grupos de la delincuencia.

3) Dimensionar adecuadamente la información.

Presentar siempre esta información en su contexto correcto y en su justa medida. Explicar cuál es el tamaño y la situación real del problema, cómo afecta a la sociedad y cómo se compara con lo que ocurre o ha ocurrido en otras regiones y países.

Mostrar la información según su importancia. Para ello, los medios debemos establecer criterios para determinar en qué posición se debe ubicar la información vinculada a la delincuencia organizada.

Establecer criterios precisos para la difusión de imágenes y fotografías de actos de violencia y terrorismo que definan, entre otras cosas, cuándo y cómo se deben publicar o difundir, en qué espacios y cuántas veces. Siempre se debe advertir al público sobre la difusión de imágenes explícitas.

4) Atribuir responsabilidades explícitamente.

La información que se difunda sobre el crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los hechos de violencia. En caso de que alguna acción del Estado en el combate a la delincuencia organizada caiga en excesos, esté fuera de la ley o viole derechos humanos, siempre habrá que consignarla. Una de las funciones de los medios es consignar y denunciar el ejercicio indebido del poder. Y cuando la acción del gobierno involucra el uso de la fuerza pública, esta función es aún más esencial. Por otra parte, cuando la acción del Estado se realice dentro de la ley, debe quedar claro que la violencia es producto de los grupos criminales.

5) No prejuzgar culpables.

Las autoridades a veces tratan de mostrar eficacia en la lucha contra el crimen organizado presentando ante los medios a detenidos en condiciones que cancelan su presunción de inocencia. Los medios debemos manejar siempre este tipo de información bajo el supuesto de que los involucrados son inocentes en tanto no cuenten con una sentencia condenatoria o estén confesos. Asimismo, los medios exigiremos información oportuna y veraz sobre las detenciones y, en general, sobre la actuación del gobierno en sus acciones e investigaciones sobre la delincuencia organizada.

6) Cuidar a las víctimas y a los menores de edad.

La información que los medios presentemos debe respetar los derechos de las víctimas y de los menores de edad involucrados en hechos de violencia. Nunca debe darse información que ponga en riesgo su identidad.

7) Alentar la participación y la denuncia ciudadana.

Los medios debemos promover que la ciudadanía denuncie a los delincuentes y participe, dentro de su ámbito, en la prevención del delito y reducción de la violencia. Esto, por supuesto, sin ponerse en riesgo frente a los criminales.

8) Proteger a los periodistas.

Cada medio debe instituir protocolos y medidas para la seguridad de sus periodistas y reporteros al cubrir la información proveniente de la delincuencia organizada, como lo son no firmar las notas sobre estos temas, hacer notas y coberturas conjuntas con otros medios y no hacer reportes en vivo desde las zonas más violentas.
9) Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios.

En caso de que algún reportero o medio de comunicación sufra amenazas y acciones de la delincuencia organizada para influir en su línea editorial y contenido informativo, los demás medios debemos solidarizarnos en contra de estas presiones, pero en los términos que mejor le convengan al reportero o al medio afectado.

10) No interferir en el combate a la delincuencia.

Los medios no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra la delincuencia organizada o que comprometan la vida de quienes la combaten o la de sus familias.

Lo anterior no implica que los medios dejemos de dar seguimiento al tema. Tampoco que renunciemos a nuestra responsabilidad de cuestionar la efectividad de la acción gubernamental contra la delincuencia organizada. Nuestros espacios seguirán abiertos a la crítica de las estrategias gubernamentales en ésta, o en otras áreas de gobierno.

SEGUIMIENTO Y APEGO AL ACUERDO

Cada medio definirá sus propios procedimientos para verificar el cumplimiento del Acuerdo. Además, los medios en su conjunto alentaremos la creación de un órgano ciudadano de observación que lleve a cabo reportes periódicos sobre el apego de los medios a los criterios editoriales del Acuerdo. Trabajaremos para poder anunciar en un plazo máximo de 30 días la integración del órgano ciudadano y su forma de operar.

RESPALDO SOCIAL

Las organizaciones sociales, las instituciones privadas y académicas, y los individuos que suscribimos este Acuerdo, lo hacemos en apoyo a una iniciativa de los medios que valoramos y reconocemos como esencial para la efectiva contención de la violencia que genera la delincuencia organizada.

Todos nosotros estamos conscientes de la obligación que tienen los órganos del Estado para combatir frontalmente a los grupos delincuenciales. Esta es una obligación constitucional y legal que no puede ni debe estar sujeta a compromisos o negociaciones. Por ello, esperamos que todos los actores políticos la reconozcan como tal y asuman el compromiso de no claudicar en su cumplimiento.

En el ámbito de responsabilidades cívicas y sociales que corresponde a cada uno de nosotros, expresamos nuestra determinación a emprender todas aquellas acciones que contribuyan a la consolidación del Estado de derecho, sabedores de que sólo en el marco de este Estado es posible la vida democrática y el goce pleno de las libertades fundamentales que consagra nuestra Constitución.

El camino de Isabel Miranda

Como investigadora, Isabel Miranda de Wallace llenó la ciudad de espectaculares con fotos de los supuestos secuestradores -después se supo que también asesinos- de su hijo Hugo Alberto.

Fue orillando con eso a que las autoridades fueran detrás de ellos y los dejaran presos, a que la atendieran los ministerios públicos, a que los jueces le fueran dando voz y a que hoy los legisladores tomaran su propuesta y aprobaran una ley especial contra el delito de secuestro, para proteger a las víctimas.

La figura de la "señora Wallace", como informalmente se le conoce, creció y no pasó desapercibida ni por el presidente Felipe Calderón, quien le otorgó un reconocimiento en materia de derechos humanos.

Hoy esta mujer tiene la agenda ocupada. Acude al interior de la República Mexicana a dar pláticas ciudadanas, la invitan a foros sobre temas de seguridad, ofrece entrevistas y, por si fuera poco, tiene diligencias pendientes ante el Ministerio Público. Ella lo reconoce, el caso de su hijo no ha quedado cerrado y no existen aún sentencias definitivas contra los agresores.

Aun así, la activista siempre responde al celular y acude a las citas para platicar sobre su desafortunada experiencia pero también de lo que ha logrado insistiendo con las autoridades para que trabajen, lo cual a ella no la tiene del todo satisfecha. "Que no parezca que les pedimos un favor, ellos están para servirnos".

Isabel Miranda toma asiento en el foro de Notimex y ella misma pide que le acomoden el peinado, observadora como es detecta que un camarógrafo necesita algo y así lo hace saber al resto de la gente del set. No se cansa. A lo largo de su conversación enumera lo que ha hecho durante los últimos seis años pero deja en claro que todavía le falta, que quizá no le toque ver que la impunidad muera y que prevalezca la justicia.

Aplaude, por ejemplo, que el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera haya eliminado la tenebrosa figura del "policía judicial" y haya creado la de policías investigadores, pero está consiente de que ese cambio, de fondo, ni Marcelo Ebrard podrá ver como jefe de gobierno. 

Ante las cámaras no cambia su postura ni los comentarios que hace fuera del aire. Esta mujer está convencida de que jóvenes, niños y toda la sociedad en su conjunto podemos hacer algo para impulsar la cultura de la legalidad y, por ende, obligar a las autoridades a hacer su trabajo.

“Creo que hay una corresponsabilidad entre gobiernos y ciudadanía. Nosotros pensamos que tenemos una institución débil de funcionarios corruptos, pero esos funcionarios corruptos y débiles los hemos creado nosotros.

“Lo que tenemos que hacer es mantenernos en una cultura de la legalidad apegándonos a Derecho, pero sobre todo involucrándonos en la toma de decisiones, y desde donde estemos cada uno, si hacemos lo que corresponde verán que sumamos y eso irá cambiando todo”, asegura, convencida.

Miranda de Wallace, presidenta de la organización “Alto al Secuestro”, participó en la creación de la nueva ley antisecuestros que entró en vigor el pasado 28 de febrero, la cual aunque no resuelve totalmente este problema delictivo, sí la calificó como una “herramienta importante”.

“Por primera vez esta ley se contempla la manera obligada de que cuenten todos los estados con unidades antisecuestro, por vez primera se ve a la víctima desde la perspectiva de la materia penal y no solamente para la reparación del daño. Entonces yo creo que es un instrumento valioso para el combate del delito”.

En el impulso a esta ley participaron especialistas, abogados, y sobre todo, otros representantes de la sociedad civil como el empresario Alejandro Martí, padre del joven plagiado y muerto, Fernando Martí.

Este tipo de acciones, comenta, surgen de su vivencia personal a partir de estar en un juzgado y que le trataran de negar los derechos que como víctima ella tenía después del crimen contra su hijo.

“Pareciera en México que lo más importante y las estrellas de las películas son los procesados, y si no, lo podemos ver incluso en documentales que ahorita se están exhibiendo en los que yo he preguntado: ‘y la víctima, ¿dónde está?’ Aquí era lo mismo, había mucha relación y muchas menciones respecto al procesado, el imputado, pero muy pocos para las víctimas.

“Y a partir de que yo me topé con el ministerio público que no me dejaba ver el expediente, un juez que no me dejaba interrogar ni participar de manera activa, me fui dando cuenta a lo largo de este camino, de todas las fallas que tiene el proceso y la integración en la cual pretenden tener a la víctima ignorada y arrinconada. A partir de ahí fue que esta ley fue muy incluyente en beneficios para las víctimas”, señala.

Frente a las exigencias que tuvo frente a las distintas autoridades, continúa la activista, reconoce que ninguna de ellas le dio respuestas satisfactorias.

“Ustedes vieron que tampoco encontraron a Jacobo (Tagle Dobín, involucrado en el crimen), fue realmente un chiripazo como yo siempre digo, como ocurre con muchos detenidos.

“Entonces yo realmente no veo que haya habido un cambio sustancial por haber estado en medios o haber señalado los errores. Como que ellos (las autoridades) tienen de repente la piel muy dura y no se dan cuenta de lo que sufrimos del otro lado las víctimas, ya sea directas o indirectas, que además de sufrir una pérdida seguimos revictimizadas por el propio sistema”, explica la señora Miranda.

Tras el plagio y posterior asesinato de Hugo Alberto, el trabajo de la madre de familia se vio reflejado en la aprehensión de los seis implicados en estos delitos. No obstante, la activista considera que más que ejercer presión, se debe pugnar por modificar todo el sistema de justicia que debe funcionar de manera automática, y de manera pronta y expedita, lo cual hoy no ocurre.

Pese a sus reconocidos logros, Miranda de Wallace dice que no puede hablar de momentos satisfactorios sino a “pequeños logros” y falta mucho por hacer.

“La ley antisecuestros fue un momento muy gratificante, darnos cuenta que los diputados y senadores pueden hacer cosas por la ciudadanía; otro indudablemente fue mi premiación de derechos humanos en la que fui reconocida, pero sobre todo, cada que una víctima regresa a su casa para mí eso es un logro muy importante, porque aunque sea en algo mínimo que yo coopere es ver a alguien que se reintegra a su vida aun cuando esté lastimado y lesionado pero regresa a su vida y con su familia”, añade.

La señora Miranda hoy recuerda que durante una plática que dio, un joven se le acercó y le dijo: “señora, yo soy fulano de tal, usted me ayudó y por eso estoy yo aquí también ayudando a la sociedad”.

“Creo que eso es lo que tendremos que hacer: como cadenas más largas para poder ir cambiando los modelos y los patrones de lo nefasto que estamos viviendo en inseguridad”, agrega, serena y contundente.

La mujer se retira para continuar con su agenda del día, para seguir colocándose encima de muchas autoridades frente a las cámaras de televisión y mostrar los avances en investigaciones que ella misma encabeza contra los secuestradores de su hijo.

Dicen que cómo le hace para parecer procuradora. Y es que efectivamente ella no tenía atribuciones para hacer que Jacobo Tagle se despojara de su camisa cuando lo presentaron ante los medios de comunicación, para que se demostrara que no había sido torturado. Pero aquél día, en el Estado de México, ¿el inactivo procurador Alfredo Castillo tenía la calidad moral para impedírselo? 

Testimonio de un ex narco

Formó parte 16 años de un cártel de la droga en Colombia. Fue testigo de la forma como los capos daban órdenes para asesinar, sirvió como enlace entre personajes clave e hizo mucho dinero. Sin embargo, el balance fue negativo porque perdió la tranquilidad, vivió amenazado y sobre todo, se quedó sin familia.

Hoy M. A. Montoya, quien pide ser identificado de esta manera como parte de su nueva vida, regresó a México, su país natal, y a través del relato que ofrece en “El espejismo del diablo: testimonio de un narco” deja constancia de que pudo salir de ese mundo y advierte a los jóvenes que el camino aparentemente fácil de vivir como parte del crimen organizado es como “tocar la casa del diablo”.

M.A. Montoya trabajó con Nelson Urrego, en la foto.

El autor mexicano, médico anestesiólogo por la Universidad de Guadalajara, platica en este libro cómo desde los 18 años se dejó enganchar por quien pensó que era su mejor amigo. Ambos estaban en la preparatoria, por ahí de 1977, cuando decidieron partir a Sonora a iniciar su aventura.

“Él vivía en agua Prieta, en Sonora, entonces él estaba muy influenciado por esta cultura del narcotráfico. Los grandes héroes a seguir eran los mafiosos de la época”, reconoce.

A los dos muchachos, entonces, se les ocurrió “la gran idea” de ganar un dinero y se les hizo fácil trasladar marihuana. Su amigo poco a poco comenzó a trabajar para “un grupo fuerte” y tenía la intención de que se le uniera. Montoya se negaba.

Sin embargo, por cuestiones quizá fortuitas, se casó con una colombiana. Su amigo, trabajando ya para el narcotráfico, buscaba a una persona que tuviera la posibilidad de hacer viajes hacia el país sudamericano.

“Entonces viajar a Colombia era como viajar al infierno; no todos se atrevían y pensaron que yo era la persona adecuada. Él me dice: ‘oye, ve a Colombia, te enviamos un dinero, sales de tu problema económico que tienes en este momento y asunto arreglado’.

“A él lo secuestran y lo torturan en Ciudad Juárez; voy yo a hacer un pago de rescate y quedo en una situación económica comprometida. Nace su hijo con un problema congénito, entonces la situación era grave, necesitábamos dinero, yo tenía un problema económico, pero lo que más me orillo a hacerlo era esa necesidad de conseguir dinero tanto por el hijo de mi mejor amigo y pues, secundariamente, la parte mía”, recuerda el autor del libro.

Ese viaje a Colombia fue su inicio. Su función era establecer o conseguir un contacto para el traslado de cocaína.

“Básicamente era una especie como de embajador, un táctico. Me correspondía contactar gente, ponerlos en contacto con otros, acordar fechas, puntos, modos de operar; aprobar o desaprobar algunas cosas, pero por increíble que parezca nunca toqué un kilo de cocaína”, comenta.

Por sus funciones, nunca mató a nadie pero le tocó escuchar las órdenes de asesinar. Ganaba “grandes cantidades de dinero”, recuerda. Pero también deja claro que los recursos económicos no lo eran todo.

“Sabes que en cualquier momento dado vas a perder o no sabes qué sigue después de eso; piensas que hasta tener dinero en efectivo es un problema, porque dónde lo guardas, dónde lo pones, en quién confías.

“Son cosas que uno dice: bueno, que me den dos millones de dólares’, pero ¿qué vas a hacer con esos dos millones de dólares?, ¿a dónde los vas a llevar?, ¿o dónde te vas a esconder con esa cantidad de dinero? ¿Sí me expliqué?, no es fácil ni tener ese dinero, ni vivir con eso”, asegura con firmeza.

A su familia, por seguridad, la tenía en México, mientras que él en Colombia se prestó a tener mujeres a la hora que quería y como las quería, era lo más común entre los narcos. No obstante, esto lo llevó a lo que llama “una degradación moral”, a “perder los valores”.

Con el paso de los años perdió a su familia, todos sus seres queridos se fueron alejando de él, mientras iba involucrándose poco a poco en ese mundo. Perdió su trabajo y no encontró una mejor manera de obtener recursos que continuar “enganchado” en la organización criminal. Ahí se dio cuenta de que “una cosa lleva a la otra y va uno cayendo más, más y más, y se va enredando a tal grado que es prácticamente imposible salirse de ahí”.

Ya recibía amenazas de muerte que por suerte para él no se cumplieron. Estuvo involucrado en investigaciones judiciales en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú… Lo arrestaron dos veces pero al final nunca lograron comprobarle nada.

Montoya se niega a hacer público el nombre de la organización delictiva para la que trabajaba. Sólo da nombres. En México estuvo con la organización de Gonzalo Rodríguez y ya en Cali, Colombia, trabajó para Nelson Urrego y Giovanny Caicedo.

Pasó más de una década cuando hubo contratiempos en los grupos. Parte de las organizaciones se fueron desmembrando como parte de una desbandada. El autor decidió llegar hasta ahí, escapar, perderse.

“A mi familia ya la había perdido, en fin, era una situación moral y físicamente mal; entonces decido salirme, apago mi celular y corto de tajo con familia, con amigos y con todo mundo. Trato de pasar inadvertido y me oculto y vivo clandestino durante varios años, pensando que en cualquier momento la situación podía cambiar, que en cualquier momento me podía encontrar o no sé, alguna cosa mala.

“Pero yo sabía que si yo seguía en eso iba a morir o iba a terminar preso y me dedico a escribir; yo toda mi vida había querido escribir y como que nunca había encontrado el momento justo para hacerlo y ahí fue cuando empecé a contar la historia. Esto, pues, me tomó casi un año y medio”, platica, ya con tranquilidad en una librería de la colonia Condesa en la Ciudad de México.

Hoy agradece a Dios haber logrado abandonar ese mundo y no quedar inmiscuido judicialmente en nada durante más o menos 10 años. Cuando vio nuevamente la luz y decidió rehacer su vida, quienes pudieron haber aplicado represalias en su contra estaban muertos o en la cárcel.

M. A. Montoya regresó a México hace tres años con mil dólares en la bolsa. Volvió a radicar en Guadalajara y ejerce su carrera de medicina con éxito. Ya logró además una especialización.

A él le tocó vivir parte del narcoterrorismo en Colombia, en la década de los 80, cuando Pablo Escobar ponía explosivos en los aviones, en las plazas de toros, en los edificios.

“Me tocó vivir esas cosas estando en Colombia, vi, fui testigo por ejemplo de explosiones grandes en las cuales murió muchísima gente, pedazos tirados en la calle de cuerpos humanos, etcétera”.

Su mensaje a los jóvenes es que todo lo que uno se propone, se puede lograr. “¿Qué tantas consecuencias pueda traer al final de cuentas? Eso es parte de la vida de uno”, remata.

En la actualidad tiene otra familia con la que intenta hacer su nueva vida. Sin embargo, uno de sus tragos más amargos fue la muerte de su hija, de 21 años de edad, sin que pudiera ser testigo de su transformación y su reinserción a la sociedad.

“Falleció hace ya casi un año; ella pudo ver parte de cómo empecé a retomar mi camino bien, pero no vio el resultado”, relata con tristeza.

El mensaje que hoy da a la juventud mexicana es que “no vayan nunca a tocar la casa del diablo, porque se van a abrir las puertas del infierno. Esto es el infierno y no es el camino. Hay otras maneras de buscar dinero, hay otras”.

Presunto culpable y derechos de autor

Hoy por la mañana en este mismo espacio reprodujimos completo el documental "Presunto culpable", el cual ya podía verse por Youtube.

Por un lado, quienes decidimos compartirlo nos hicimos una serie de preguntas, pero fundamentalmente ¿estamos cayendo en un caso de piratería?, ¿simplemente tenemos interés de que tuviera una amplia difusión? Hasta qué punto era válido seguir difundiéndo el trabajo.

Efectivamente es un asunto de derechos de autor y ni modo, en el fondo se habla de un tema de comercialización y de que quien desee conocer el trabajo cinematográfico, debe pagar por ello para que quienes participaron en su realización obtengan sus respectivos beneficios económicos.

Hoy el video fue retirado por los realizadores.

No quiero hablar de un caso de censura por parte de quienes al mismo tiempo argumentan censura a la exhibición de su trabajo, no creo que sea el caso. Si acaso, deseo ofrecer disculpas por estar inconsicentemente del lado de los "piratas" (¡Ups!).

A mí, sin embargo, lo único que me interesa es que muchos mexicanos, cada vez más, observen este trabajo y realicen sus respectivas críticas sobre un sistema de justicia a todas luces corrompido, ineficiente y con grandes vacíos, y sobre la forma como se realizó este documental y los caminos a los que se acogieron los abogados, algunos quizá muy cuestionados.

Presunto culpable

El ocio de Poiré

Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el papel de la vocería en materia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, a cargo de Alejandro Poiré, quien también se ostenta como secretario técnico del Gabinete de Seguridad Nacional.

En un principio, en agosto del año pasado, cuando fue nombrado, este funcionario salía más o menos una vez por semana a dar la postura de la administración federal sobre temas de justicia y seguridad, principalmente vinculados con la violencia o la delincuencia organizada.

¿Qué vamos a hacer contigo, Poiré?

De pronto esos asuntos eran de la competencia de las autoridades locales, pero dada la coyuntura o su importancia, el vocero leía un boletín para dar un punto de vista. Muchos nos quedábamos con preguntas sobre los criterios para seleccionar los temas sobre los que hablaría el vocero.

A estas alturas, las conferencias de prensa se llevan a cabo con menor frecuencia y es más inexplicable cuál es el papel del doctor Poiré representando ante la opinión pública a dependencias como la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública o el Ejército.

Lo último que sabemos de este servidor público, y a decir de las actitudes y peticiones de sus colaboradores a algunos medios informativos, es que hay cosas que no le parecen y que le gustaría cambiar sobre el manejo informativo.

Por ejemplo, a Poiré le enoja que le "ganen la nota" otros voceros que la mayoría de las veces conocen mejor las temáticas de las dependencias que representan. Por ejemplo, no soporta que Ricardo Nájera, de la PGR, dé a conocer algún dato sobre alguna investigación, o que José Luis Vergara, de la Secretaría de Marina, proporcione detalles de algún operativo.

Y eso que ambos funcionarios sí tienen experiencia, uno como MP y como delegado regional de la PGR, y el otro como contralmirante con años de trabajo en la Armada de México. Nada que ver con los conocimientos y el material informativo que pueda tener Poiré o sus colaboradores.

Otra de las cosas que sabemos del secretario técnico es que detesta que los medios de información manejen los nombres de los cárteles de la droga acompañándolos con alguna región del país. En eso podemos estar de acuerdo, no debemos estigmatizar a los ciudadanos de Ciudad Juárez o de Sinaloa utilizando estas zonas del país como nombre de los grupos delictivos. Lo único malo es que las propias dependencias calderonistas así etiquetan a los cárteles y ellos proporcionan de esa manera la información, lo cual habla de la nula coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia con la de Poiré.

En fin, a siete meses de distancia desconocemos las bondades de esta dependencia de gobierno y sólo sabemos lo que su titular opina de temas sensibles y qué le molesta del manejo informativo. ¿Serán ambos aspectos útiles para los ciudadanos que deseamos buenas noticias en esta materia?

De lo que gasta el erario en el sueldo de Poiré y su gente, mejor ni hablemos.