“Nos cuadramos frente a El Chayo”

Diciembre 9 de 2010. De Apatzingán a Holanda, Michoacán. El cercano colaborador de Nazario Moreno González, líder de La Familia Michoacana, recuerda ese día con dolor, en el capítulo final de la edición de testimonios escritos por el propio jefe y que se distribuyen públicamente.

Nazario Moreno González, fundador de La Familia Michoacana.

“Llovieron miles de balas de grueso calibre y hasta bombas. Nosotros disparábamos nuestros cuernos de chivo”, relata el soldado de Nazario Moreno, El Chayo. “Y él disparaba su Galil de fabricación israelita”.

Los helicópteros se alejaron. Al hacer un recuento de las bajas y pérdidas, descubrieron con dolor que a quien también le llamaban El Comandante, había muerto por la metralla haciéndolo pedazos.

“Fue tanto nuestro dolor y pesar que muchos soltamos el llanto y nos cuadramos militarmente en señal de obediencia. Murieron 32 compañeros más, que también demostraron sacrificio y valentía”.
El amigo de Nazario -comandante en jefe y fundador de ese cártel del narcotráfico,- cierra sólo el final del texto, pues el resto es un relato de El Chayo, de su historia y su lucha.

El principio de la guerra arrancó el 8 de diciembre. Chayo y su estado mayor, compuesto por los elementos más leales y que andaban con él desde el comienzo de su lucha, se encontraban en la comunidad de Holanda, corazón de la Tierra Caliente michoacana.

Chayo fue avisado por radio que se acercaba al lugar de la reunión helicópteros artillados y listos para entrar en combate, y por tierra más de 300 unidades de la Policía Federal con elementos armados hasta los dientes.

El motivo de que el jefe y guía moral se encontrara en ese momento en el poblado, era que se discutía con líderes sociales y autoridades de la comunidad, cómo ponerse de acuerdo y la forma de conseguir dinero para celebrar dignamente los festejos decembrinos y pudieran tener “un fin de año alegre”, sobre todo las familias más humildes.

Los halcones informaban, alarmados, que los helicópteros desde el aire disparaban indiscriminadamente ráfagas de metralla, bombardeando vehículos y las chozas por donde iban pasando; que iban avanzando hacia el poblado de Holanda dejando atrás muertos y heridos, y casas y carros destruidos.

Y Nazario ordenó: “Es el momento de demostrar que estamos dispuestos a morir por nuestros ideales y recuerden los lemas que he adoptado de Zapata, Che Guevara, Morelos: Es mejor morir luchando que vivir arrodillado; hacia atrás, ni para tomar impulso; solamente soy un siervo de la nación”.
De ambos bandos había bajas, entre heridos y muertos, pero la peor parte la llevaban los oficiales, pues los otros eran conocedores del terreno como la palma de su mano.

Ya para las siete y ocho de la noche, se desarrollaba una lucha a muerte en varios frentes de la región, inclusive en algunas otras ciudades del estado, pues los denominados “grupos fraternos” atacaban en las carreteras a los convoyes que se dirigían a Apatzingán a apoyar a sus corporaciones. Para detenerlos e impedir su avance, optaron por incendiar camiones de carga, tráileres y autobuses, a media carretera o en los puentes.

El guía moral y comandante en jefe, con su Galil 308, disparando ráfagas de metralla entraba al combate; hacía estragos en el enemigo mientras cargaba largas carrilleras repletas de balas.

“Por la mañana del día 9, nuestro comandante supremo y demás jefes de grupo decidieron encontrar a los helicópteros y a la policía en pleno Apatzingán, registrándose los enfrentamientos más violentos y caóticos en la historia moderna de Michoacán.

“Ya pardeando la tarde, suponiendo que el gobierno había entendido, los helicópteros se habían retirado –la mayoría averiados y en mal estado, pues otros habían sido derribados-”.
Chayo decidió concentrarse de nueva cuenta en Holanda para reanudar la reunión interrumpida.

La tragedia del día 9

Pero ocurrió, de Apatzingán a Holanda, sobre las márgenes del Río Grande, un siguiente ataque, el definitivo. La agresión desde los 12 helicópteros que duró 20 minutos, las balas de grueso calibre, las bombas, desde arriba. Y desde abajo, sólo ráfagas de cuernos.

La tranquilidad llegó después. Luego el recuento con la fatal noticia.

“Recogimos su cuerpo y lo llevamos al campamento secreto, en donde de acuerdo a sus instrucciones, lo incineramos y lanzamos porciones de cenizas a los cuatro puntos cardinales, tal y como nos había dicho muchas veces en pláticas que teníamos tomando café por las noches de luna en nuestro campamento”, escribe su amigo.

“¡Presentes!”, gritaron sus subalternos en coro, formados, con lágrimas en los ojos.

Epílogo de “Me dicen El Más Loco”, de Nazario Moreno González, editado por Centenario y Bicentenario de dos Revoluciones en México.

Desde chiquillo

Ese sobrenombre de El Más Loco se me fue quedando desde chiquillo. Cuando se trataba de torear, yo era el primero en apuntarme para la faena aunque el animal en cuestión fuera una verdadera fiera que lanzara horribles resoplidos de coraje, aventara hacia atrás puños de tierra con las pezuñas de sus patas y lanzara miradas a diestra y siniestra, con ojos rojos como la lumbre, como si se tratara de una bestia infernal.

A pesar de eso, escondía mi miedo e insistía en torearlo, pues era mucho mayor la vergüenza que sentía y el interés en ganarme algunos pesos, mientras la gente que no se atrevía a nada pero sí era buena para criticar, me gritaban: “¡Estás loco, cabrón”.

(Fragmento tomado del Capítulo 2)

No más ataques en Veracruz

(Carta desplegado de organismos de prensa nacionales e internacionales, medios informativos y periodistas de manera independiente respecto de la violencia contra el gremio en Veracruz).

México, DF. El cuerpo sin vida del periodista Víctor Manuel Báez Chino, fue encontrado con signos de tortura en la madrugada del pasado jueves 14 de junio en la calle Úrsulo Galván ubicada en el centro de la ciudad de Xalapa, Veracruz. El periodista contaba con alrededor de 30 años de experiencia cubriendo la fuente policíaca en el estado y era integrante del consejo editorial del sitio web www.reporterospoliciacos.mx.

Según los reportes oficiales que proporcionó el gobierno del estado en conferencia de prensa, y por diversas fuentes, el periodista, quien también trabajaba para Milenio El Portal de Vercruz, perteneciente al grupo Milenio, fue interceptado por un comando armado de tres personas que lo obligó a subir en una camioneta gris alrededor de las 23:30 horas del 13 de junio.

Si bien las autoridades indicaron que fue implementado el operativo Veracruz Seguro y cerraron las salidas de la ciudad, sólo lograron localizar el cuerpo del periodista a las 5:00 horas de este jueves, y a tan sólo 20 cuadras del centro de la ciudad. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que abrió la investigación ministerial 715/2012, y la vocera del gobierno del Estado aseguró que se harían las investigaciones pertinentes.

Sólo en la actual administración estatal, suman ya nueve los periodistas asesinados, en la entidad.

Además, hubo un ataque con explosivos a un medio de comunicación y diversas agresiones graves como allanamientos, amenazas y despidos injustificados posteriores a éstas. Como consecuencia de amenazas e intimidaciones, más de media docena de periodistas han tenido que salir del estado -uno de ellos solicitó asilo en Estados Unidos- ante la falta de garantías para el resguardo de sus vidas y el ejercicio de la libertad de expresión.

En los casos descritos, si bien hubo amenazas corroboradas previas a varios crímenes, la falta de acción oportuna y eficaz de las autoridades competentes impidió salvar esas vidas.

Al mismo tiempo, las investigaciones de lo casos no han arrojado ningún resultado concluyente, con lo cual se ha propiciado la repetición de los hechos delictivos y la indefensión de las víctimas, como se ha podido constatar.

La situación que vive la prensa en el estado es crítica y se prevé que las agresiones no cesarán mientras el gobierno de Veracruz continúe sin dar una respuesta eficaz a los llamados urgentes que diversas organizaciones nacionales como internacionales, el propio gremio periodístico y la sociedad en general, le han reiterado sobre su obligación de proteger y asegurar la integridad física de las y los periodista, sin escatimar esfuerzos.

A principios de junio el gobierno del estado anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso estatal de una Comisión para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz. Independientemente del destino de esta iniciativa, consideramos que el gobierno del estado tiene una obligación ineludible de proporcionar garantías de seguridad a todos sus habitantes, incluyendo naturalmente al gremio periodístico, y no puede esperar a que esa Comisión sea operativa para cumplir con dicha obligación.

Como establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

En el marco de las obligaciones constitucionales del Estado mexicano, solicitamos a las autoridades competentes:

Del gobierno del estado de Veracruz:

 Ofrecer garantías efectivas de seguridad para la vida, la libertad, la integridad física y moral, y el ejercicio de la libertad de expresión para periodistas y medios de comunicación.

 Que ante las amenazas a la vida y a la libertad de expresión, el gobierno del estado actúe en consecuencia y con la debida diligencia, protegiendo a periodistas y medios de comunicación, y lo haga público.

 Que el gobierno del estado de Veracruz y la Procuraduría General de la República investiguen los casos de homicidios, desapariciones, amenazas y agresiones de cualquier tipo a periodistas y medios de comunicación, que de manera urgente identifique a los responsables y los someta a la justicia.

 Es indispensable que el gobierno transparente las investigaciones sobre los crímenes de periodistas ocurridos en la entidad, para lo cual debe de ofrecer, de manera inmediata, una explicación de los avances de las indagatorias, y la actualice en un plazo no mayor a tres meses.

Del Gobierno Federal:

Una acción urgente, extraordinaria e inmediata para Veracruz a fin de implementar medidas de protección para periodistas y que involucre a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal.

 Apoyo institucional inmediato a la FEADLE para investigar los crímenes en todo el país, y que ésta informe sobre el avance de sus investigaciones con regularidad.

Firmas:

Internacionales: Associacao Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji, Brasil), Artículo 19 (Oficina México y Centroamérica), Association of Caribbean Media Workers (ACM, Trinidad y Tobago), Asociación por los Derechos Civiles (ADC, Argentina), Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Medios de Información (WAN-IFRA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Centro de Periodismo e Investigación (CIPER, Chile), Centro Knight para el Periodismo en las Américas (Rosental Calmon Alves), Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, Nueva York), Comité por la Libre Expresión (C-Libre, Honduras), Dart Center for Journalism and Trauma (DART, EE.UU), Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Freedom House (Oficina México), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Foro de Periodistas Paraguayos, Fundación Andina para la Observación y Estudio de los Medios (Fundamedios, Ecuador), Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI, Colombia), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP, Colombia), International Center for Journalists (ICFJ, EE.UU), International Media Support (IMS, Dinamarca), Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión (OLA), Trust for the Americas (Washington),Reporteros sin Fronteras, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

México: Asociación de Periodistas y Comunicadores de Durango AC, Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio (Sinaloa), Asociación Mexicana para el Derechos a la Información (AMEDI), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Casa de los Derechos de Periodistas, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), Club de Periodistas de México, Colegio de Comunicadores y Periodistas de Chiapas (CCOPECH), Colegio de Periodistas y Comunicadores de San Luis Potosí, Foro de Periodistas Chiapanecos A.C., Frente Nacional por la Libertad de Expresión (Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada, Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Delegación Sindical de Radio Educación, Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Abogados de la ANAD), Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), Iniciativa Sinaloa, Periodistas de a Pie, Red de Periodistas de Juárez, Red Mexicana de Reporteros Tierra y Libertad.

Periodistas y medios de comunicación: Agencia Ika Balam, Agencia Nacional de Prensa Indígena (AIPIN), Ignacio Alvarado, Gerardo Albarrán de Alba (Ombusman, MVS Radio), María del Carmen Ballena Rázuri (Dtora Ultimas Noticias, Perú), Borderzine (El Paso, Texas), Lolita Bosch (España), Lidia Cacho (El Universal), Luis Cárdenas (MVS Radio), Rafael Cardona, José Carreño Carlón, Carlos Fernando Chamorro (Dtor. Confidencial y Esta Semana, Nicaragua), Alejandro Colón (La Prensa), Alfredo Corchado (The Dallas Morning News), Francisco Cuamea (Noroeste), Katia D´Artigues (El Universal), Melissa del Bosque (Texas Observer), Álvaro Delgado (Proceso), Diario Noroeste (Sinaloa), Carlos Ferreyra Carrasco(LatinPress), Guillermo García E. (La Jornada), Francisco Garfias (Excélsior), Javier Garza (Dtor. El Siglo de Torreón), María Idalia Gómez (24Horas), Mónica González (Dtora. Ciper, Chile), Gustavo Gorriti (Dtor. IDL Reporteros, Perú), Eduardo Ibarra Aguirre (Forum en Línea), Sergio Haro (Semanario Zeta), Antonio Heras (La Jornada), Julio Hernández López (La Jornada), Jorge Meléndez Preciado (El Financiero), Fernando Meraz (Milenio), Patricia Mercado (Dtora. Gral. Grupo Editorial Zacatecas), Ginna Morelo (Editora El Meridiano, Colombia), Georgina Moret (24Horas), Estela Livera (conductora TV), Gotson Pierre (Editor Agencia AlterPress, Haití), Leticia Pineda (AP), Fabio Posadas (Editor El País, Colombia), Revista Contralínea, Martín Rodríguez Pellecer (Dtor. Plaza Pública, Guatemala), Ana Lilia Pérez, Sandra Rodríguez (Diario de Juárez), Ignacio Rodríguez Reyna (Dtor.Emequis), Javier Sicilia (Proceso), Andrés Arturo Solís, Gabriel Sosa Plata (IMER), María Verza (Onda Cero Radio, España), José Rubén Zamora (Dtor. El Periódico, Guatemala), Jorge Zepeda Patterson (Dtor. sinembargo.mx).

Cómo ascendió la hermana de Josefina en la PGR

La firma de Margarita.

POR MARÍA IDALIA GÓMEZ *

Comenzó como “aviadora” en la PGR y ahora es el brazo derecho de la titular de la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres, a pesar de no tener título profesional ni ser abogada, como exige la ley.

De sí eso ya es grave, pero el ser la hermana de la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota y su hoja de servicios, sugiere que su llegada a la dependencia fue por motivos ajenos a sus capacidades.

Así, Margarita Silvia Vázquez Mota, hermana de la candidata del PAN a la Presidencia, es diseñadora gráfica y su carrera en la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido veloz y ascendente.

Actualmente tiene un salario nominal superior a los 170 mil pesos mensuales, es el brazo derecho de Angélica Herrera Rivero, fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la PGR y, en ocasiones, firma en su ausencia violando la ley, al no contar con título profesional ni ser abogada, como exige la norma.

Es en esa Fiscalía donde, entre otras cosas, se conocen las estadísticas sobre feminicidios, un número que coincidentemente se maneja en los spots de televisión contra Enrique Peña Nieto, por ser el Estado de México uno en los que se cometen más crímenes contra mujeres.

“Sí tenía trayectoria para el cargo en que está”, expresó Josefina Vázquez Mota al preguntarle sobre su hermana. Y, subrayó: “tiene la preparación, la trayectoria, ha pasado los polígrafos, tiene los ascensos en el organigrama”.

LOS INICIOS

Desde el principio, Vázquez Mota llegó a la PGR con un buen salario, al menos 80 mil pesos netos mensuales. Ingresó a esa dependencia, de acuerdo con los registros oficiales, en octubre de 2008 como asistente en un área no especificada de la Procuraduría.

Aunque en su declaración patrimonial escribió que inició sus labores como asistente dentro de la Procuraduría, cometió el error de poner que esa institución pertenece al “Poder Judicial”.

Pero registró algo más grave y con lo que podría inferirse que entre octubre de 2008 y diciembre de 2010 Vázquez Mota fue una “aviadora” en el gobierno federal, porque dijo pertenecer a la “unidad administrativa: PGR” y trabajar en “áreas técnicas”, aunque también escribió que su puesto es “fundación Nemi”, en donde su “función principal es la prevención”.

En esa declaración patrimonial como servidora pública, en lugar de colocar los datos de la Procuraduría, puso la dirección, el número telefónico y correo “institucional” de la asociación civil Nemi: “mvazquez@nemi.com.mx”.

Esa fundación existe y fue creada por jóvenes en 1996, de acuerdo con su página en internet, y tienen sus instalaciones en la calle Monterrey, precisamente en la dirección que incluyó Vázquez Mota en su declaración patrimonial.

Según la propia fundación, nació para crear espacios de formación y desarrollo para la niñez y juventud en una de las “situaciones económicas y sociales más difíciles del México moderno”, se lee en su dirección electrónica. Se afirma que no persigue fines religiosos ni políticos y tiene el apoyo de las empresas más importantes del país.

SIN TÍTULO NI EXPERIENCIA

Margarita Silvia Vázquez Mota estudió diseño gráfico en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, obteniendo por ello su certificado de estudios, no así el título de licenciatura, de acuerdo con su propia declaración patrimonial. Tampoco aparece su nombre en el Registro Público de Profesiones dela SEP, a partir de una búsqueda llevada a cabo por este diario.

Antes de llegar a la PGR, Margarita Vázquez Mota tenía poca experiencia en el servicio público. Se había dedicado a las empresas familiares y al DIF.

En su declaración patrimonial entregada en mayo de 2009, reportó que durante cinco años, entre 1995 y 2000, fue gerente administrativo de Pinturas y Derivados del Caribe, en donde logró, escribió, la apertura de 22 tiendas y dos bodegas de pinturas y derivados.

Entre 2000 y 2005 fungió como directora general de la empresa Practicaribe, desde donde operaba ferreterías.

Fue hasta abril de 2005 que ingresó al sector público como directora del DIF en el municipio de Benito Juárez de Quintana Roo, cuya cabecera es Cancún, en donde permaneció hasta 2008, justo en la administración del priista Francisco Alor Quesada.

Al salir del DIF, en donde señaló como logros el “recuperar cuatro centros de desarrollo comunitario en el municipio y abrir cuatro grupos de terapia para atención de violencia doméstica”, llegó a la PGR siendo titular de esta dependencia Arturo Chávez.

Los únicos funcionarios del gabinete que no nombra el presidente son a los titulares de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

DE ASISTENTE A COORDINADORA

Al consultar a funcionarios de la PGR a qué área de la Procuraduría llegó Margarita Vázquez Mota, ninguno pudo precisarlo, sólo sabían “que ella estaba dada de alta en la nómina”, dijo uno de ellos.

En su declaración patrimonial de 2009, la propia Vázquez Mota establece que inició en su encargo dentro de la Procuraduría en octubre del año anterior, para tener como funciones principales “áreas técnicas” y fue contratada por honorarios por 47 mil 890 pesos netos al mes.

En su siguiente declaración patrimonial, en la que supuestamente daba cuenta de que concluía su trabajo, fechada en marzo de 2010, los datos que colocó son los mismos sobre su cargo, institución y salario, sólo que precisó que dejó su puesto de asistente en diciembre de 2009.

Aunque personal de la PGR sostuvo a 24 HORAS que Vázquez Mota nunca dejó la PGR, no existe registro de declaración patrimonial durante 2010. Sin embargo, al año siguiente, en su declaración patrimonial correspondiente a 2011, ella misma reconoce que sí se mantuvo dentro de la institución hasta diciembre de 2010, con el mismo salario de poco más de 47 mil pesos y su puesto de “fundación Nemi”.

Siendo diseñadora gráfica llegó a la Fevimtra, el área especializada de PGR para atender casos como los feminicidios o trata de personas. Allí hacia tareas de asistencia y no tenía a su cargo personal.

Sin embargo, a pesar de tener tareas menores, de acuerdo con testimonios de ex funcionarios entrevistados por este diario y que estuvieron en la misma Fiscalía, Vázquez Mota ya contaba con chofer y su declaración patrimonial revela que desde el principio tenía un salario de directora, es decir, por más de 170 mil pesos nominales.

En 2011 presentó dos declaraciones patrimoniales, una en marzo y la siguiente en mayo. En la primera señaló que es por el inicio del cargo como directora en PGR, por primera vez coloca un correo institucional: margarita.vazquez@pgr.gob.mx, y sus funciones principales, según dijo, continúan siendo en “áreas técnicas”.

Para noviembre del año pasado, cuando llegó la fiscal Herrera Rivero la Fevimtra, Vázquez Mota tuvo más presencia en la oficina y, en enero de este año, fue designada coordinadora general de formación y políticas públicas de la misma Fiscalía.

Desde entonces responde directamente a la fiscal Herrera Rivero, quien fue la persona que le abrió la puerta tras ser enviada a sus oficinas por la propia Marisela Morales, titular de la PGR, de acuerdo con la información recabada por este diario.

Vázquez Mota tiene un salario nominal de 171 mil 901 pesos de los que, sin impuestos, le quedan mensualmente 122 mil 381 pesos con 23 centavos. Su salario es apenas 17 mil pesos menor que el de la fiscal.

En su nuevo cargo también le incluyen 20 días hábiles de vacaciones al año, dos choferes, automóvil, celular, diferentes bonos y seguros, entre ellos: el seguro institucional que corresponde a 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual, seguro colectivo de retiro en la que sólo paga la mitad de la prima, gastos médicos que van de 74 a 333 días de salarios mínimos correspondientes al Distrito Federal, seguro de separación individualizada en el que el gobierno y beneficiario aportan de 2% hasta 10% del salario del funcionario.

Como prima vacacional recibe, al año, el pago de 10 días de salario base tabular, que serían alrededor de cinco mil 900 pesos. El aguinaldo que le corresponde es por 40 días de salario base, que sumaría unos 23 mil 500 pesos, y una gratificación que anualmente determina el Ejecutivo, la cual el año pasado correspondió a un mes de salario, es decir, más de 122 mil pesos.

De acuerdo con lo estipulado en el portal de transparencia, su plaza también recibe prima de antigüedad a partir de cinco años, ayuda de despensa, pago por defunción y asistencia legal.

ÁREA CLAVE

Ante la exigencia internacional, por alto índice de feminicidios que se registraban en el país, principalmente en Chihuahua, nació la Fevimtra como un área especializada para atender esos temas y la trata de personas.

Al analizar la situación e investigar los casos al interior de la PGR, se determinó que habría que capacitar al personal, para que se especializara en el manejo de casos y personas, por lo delicado de los temas, así como elaborar protocolos de atención y, principalmente, acoger las exigencias de organismos internacionales en la materia.

Un punto clave era también permanecer en constante actualización frente a los convenios, tratados y acuerdos que México firmaba o se adhería en estos temas, para aplicarlos.

Esta tarea exigía, además, establecer políticas públicas no sólo al interior dela PGR, sino de todas las áreas de gobierno que trataran estos temas, como las secretarías de Seguridad Pública, las procuradurías de Justicia, la Cancillería y Migración, entre otras.

Todas esas tareas corresponden a la coordinación general de formación y políticas públicas de la Fevimtra, puesto que ocupa actualmente Vázquez Mota y en el que, según el perfil del cargo, se requieren conocimientos legales.

Personas cercanas a Vázquez Mota, aseguran que estudia una maestría en el INAP, en administración pública, pero sin título universitario.

VIOLACIÓN A LA LEY

A partir de que Vázquez Mota fue designada coordinadora, comenzó a tomar el lugar de la fiscal durante sus ausencias en la oficina.

Desde entonces firma documentos en ausencia de Herrera Rivero, en los que Vázquez Mota aparece como licenciada, a pesar de que ni siquiera tiene el título de diseñadora, sino un certificado.

Pero lo más grave es que al firmar documentos jurídicos, que corresponden a la titular, viola la Ley Orgánica de la PGR, su Reglamento y el Acuerdo por el que se creó la Fiscalía, porque no cubre los requisitos para hacerlo.

El titular de la Fiscalía debe ser licenciado en derecho con cédula y con un ejercicio profesional de, por lo menos, cinco años, de acuerdo con la fracción tercera del artículo séptimo de la Ley Orgánica, y lo exige como requisito indispensable si el área tienen a su cargo agentes del Ministerio Público o peritos, y tal es el caso de la Fevimtra.

La misma normatividad establece que quien sustituya al titular debe tener la jerarquía inmediata inferior y cumplir con los mismos requisitos que la fiscal.

Incluso, el Acuerdo por el que se creó la Fevimtra especifica en su artículo tercero que la persona que sea titular, tendrá calidad de agente de Ministerio Público y será competente para investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y de trata de personas.

Eso significa que el funcionario que suple a la fiscal, sea en ausencias breves o largas, tiene las mismas facultades y responsabilidades, en este caso Vázquez Mota, con estudios de diseño gráfico, si fuera necesario, al estar sustituyendo a su jefa, debería tener la capacidad y experiencia para investigar, ordenar careos, interrogatorios o peritajes e incluso consignar a presuntos responsables, por ejemplo.

* Publicado en 24 HORAS: http://www.24-horas.mx/hermana-de-josefina-aviador-en-pgr/

¿Quién se acuerda de Lucía Morett?

Lucía Morett, en el Hispital Militar de Quito, Ecuador.

Un reducido grupo de personas se manifestó hoy frente a la Embajada de Colombia en México, localizada en Paseo de la Reforma. El motivo: protestar por la infamia del ex presidente de aquel país, Álvaro Uribe, quien se encargó de encabezar una supuesta persecución contra la estudiante Lucía Morett, sobreviviente de un ataque del Ejército colombiano a un campamento de las FARC en Ecuador el 1 de marzo de 2008.

Los quejosos gritaban a través de un altavoz que el ex mandatario tenía la desfachatez de pisar suelo mexicano -que siempre lo acogido bien, recalcaban- para participar en conferencias y dar sus posturas en temas coyunturales como el narcotráfico.

Recordaron, en su discurso, que otros cuatro jóvenes, tres de ellos estudiantes de la UNAM y otro más del Politécnico, murieron en esa "brutal agresión" en la que sin distingos se fueron contra lo que vieron en el campamento localizado en una localidad llamada Sucumbíos.

Mucho se habló en su momento sobre por qué los jóvenes universitarios habían tenido acceso a ese territorio guerrillero. Los familiares de los estudiantes y la propia Lucía Morett insistieron en que habían llegado hasta ahí para realizar prácticas escolares, versión inverosímil que nunca pudo confirmarse.

Se dijo también que los mexicanos eran un enlace importante entre las FARC y algún otro grupo, no identificado, establecido en México. Nunca nadie conformó esta versión pero las interrogantes  siguen en el aire y aún permanecen ahí, cuatro años después.

Lo cierto, y así lo demuestran las imágenes de un video en poder del Ejército colombiano, es que no estallaron solamente granadas en el lugar, sino que hubo ataques con armas largas directamente a la espalda de algunas personas que estaban en el campamento, algunas de las cuales se presumen eran los mexicanos.

El joven politécnico Soren Ulises Avilés y los universitarios Fernando Franco, Verónica Velázquez y Juan González fueron plenamente identificados por sus familiares en una morgue de Quito, hasta donde fueron a parar los cuerpos sin vida. Durante muchos días, mientras tanto, Lucía Morett permaneció convaleciente en el Hospital Militar de esta ciudad donde declaró muy poco pero inistió en que todos eran unas víctimas de la brutalidad militar. Volvió a dejar en claro: "nosotros estábamos haciendo un trabajo de escuela".

En aquel entonces, la PGR abrió una indagatoria a partir de la denuncia hecha por las autoridades colombianas y fue muy cuidadosa al expresar que los jóvenes mexicanos formaban parte de la investigación por ser "nacionales contra los que se cometió un delito en el extranjero" o "presuntos responsables de cometier un delito en el extranjero", detalle a averiguar. No se quiso echar encima a la opinión pública ni a los organismos defensores de derechos humanos.

Sin embargo, con el paso de los meses, Lucía Morett regresó a México pero después tuvo que ocultarse en Nicaragua, ante una real persecución de las autoridades ministeriales mexicanas.
"No le puedo decir dónde está ahora", reconoce hoy uno de los familiares de los muchachos muertos que protesta afuera de la embajada. "Es que... tiene la ficha roja".

Al mismo tiempo, los manifestantes ofrecen un libro editado por varias instituciones educativas -entre ellas la Universidad de Chapingo, en la que da clases el padre del fallecido Juan González- llamado "Sucumbíos. Historia de una infamia", de casi 300 páginas y con una muy aceptable calidad de impresión.

A cuatro años y dos meses de aquella matanza, nadie se acordaba ya de Lucía Morett y sus compañeros ni hacia dónde se dirigió la indagatoria de la PGR.

Por lo visto, la joven sobreviviente hoy es una prófuga de la justicia buscada por Interpol como parte de una investigación ampantanada, los familiares de los muertos siguen buscando justicia quién sabe dónde... y los vínculos FARC-UNAM a partir de este caso no están nada claros.

¿A alguien como autoridad mexicana le importará que se llegue a conocer qué fue lo que pasó?

La crisis de García Luna

El secretario en apuros.

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal, cercanos al titular Genaro García Luna, coinciden en que la crisis ya lo alcanzó a partir de dos asuntos: la discusión en la Corte sobre el asunto de la francesa Florence Cassez que trajo otra vez a la mesa de discusión si servidores públicos federales hicieron de su detención un montaje, y el caso Ayotzinapa, que pone en tela de juicio el trabajo de la Policía Federal en el operativo de desalojo de los estudiantes normalistas en Guerrero.

Ambos temas, dicen los consultados, hicieron ya insostenible la presencia de García Luna al frente de la apoyadísima y fortalecidísima secretaría y ocurrió lo inesperado. El funcionario presentó ya su renuncia a Felipe Calderón.

De manera paralela, el secretario no logró fortalecer enlaces ni relaciones con gente cercana a los dos candidatos a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota para consolidar su continuidad en el gobierno federal. Los priistas que colaboran con el primero lo aborrecen y de Josefina... sólo hay que recordar la grabación en la que la panista acusa que el secretario debería rastrear al "Chapo" Guzmán en lugar de estar pendiente de las conversaciones de ella.

Ahora, quienes trabajan en áreas clave de la SSP empiezan a difundar más datos. Por ejemplo, que Plataforma México es en realidad una fantasía, pues ni cuenta con los archivos de los que presume ni realmente opera como la gran base de datos que tanto anuncia; incluso preguntan: ¿alguien ya entró y corroboró este gran cerebro que no ha logrado conjuntar información de policías y delincuentes? Asimismo, dicen que los altísimos recursos que ha gastado la secretaría se han utilizado en remodelaciones a instalaciones y que el crecimiento de la Policía Federal es subjetivo, pues se ha encargado únicamente de conjuntar a integrantes de varias corporaciones que antes eran independientes y no pertenecían a la gran estructura de Seguridad Pública.  

En medio de esta crisis, García Luna ha movido a sus hombres clave a áreas de menor perfil para que durante lo que resta de la administración, ya no sean cuestionados. Por ejemplo, tras lo de Ayotzinapa, a Facundo Rosas le quitó el cargo de comisionado de la Policía Federal y lo convirtió en subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos. Por cierto, como comisionada llegó Maribel Cervantes Guerrero, quien sí tiene relación con el círculo cercano a Vázquez Mota.

Frente a este escenario no se sabe qué ocurrirá con el secretario que logró modificaciones legales para crear su super policía que incluso ha suplantado facultades de la Policía Ministerial y de otras áreas de la PGR y hasta donde se sabe, Calderón no ha respondido a su petición de renuncia.

Por si fuera poco, hay que anotar como contexto los siguientes datos:

La Auditoría Superior de la Federación detectó en su última revisión pagos millonarios atrasados, duplicidad de contratos, custodios “fantasmas” y pérdida de materiales adquiridos como parte de las irregularidades en la SSP.

Asimismo, la Policía Federal incumplió la meta programada en 2010 de disminuir los asaltos en carreteras de jurisdicción federal, ya que estos delitos aumentaron en 32.9%, respecto al promedio registrado en el periodo 2007‐2009.

La fiscalización de la cuenta pública 2010 revela que la SSP pagó con presupuesto de ese año operaciones por 598 millones de pesos que se devengaron en 2009, debido a que los recursos que se habían comprometido originalmente hace tres años los utilizó para cubrir otros compromisos.

La ASF también detectó duplicidad de contratos, pérdida de materiales adquiridos y la ausencia de facturas originales que sustenten diversos gastos.

Según la dependencia, Seguridad Pública pagó ilegalmente 60 millones de pesos por concepto de cuotas diarias de apoyo por comisiones, y erogó otros 375 millones de pesos no previstos en 2010 para comisiones que se llevaron a cabo en 2009.

Realizó un pago por 3.5 millones de pesos para 305 escoltas “fantasma”, debido a que no se halla su registro, y erogó otros 44 mil 500 pesos para personal que había causado baja, es decir, que ya no laboraba en la SSP.

Finalmente, la ASF señala que la dependencia que dirige Genaro García Luna no justificó la contratación de 595 plazas eventuales, por un monto global de 21 millones de pesos, para dar servicio de seguridad a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

Escenificación Cassez, por un berrinche de Televisa

La detención fue televisada en diciembre de 2005.

Que el supuesto montaje de la detención de Florence Cassez sí fue real y obedeció a una negociación entre la PGR y la empresa Televisa, por un reclamo que hizo la televisora.

Quienes vivieron de cerca este asunto aseguran que por aquellas fechas, a finales de 2005, las autoridades federales habían regalado a Televisión Azteca, en exclusiva, la liberación del director técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, quien había sido secuestrado, lo que provocó el berrinche de Televisa, que de inmediato reclamó a las autoridades federales responsables de hacerlos a un lado.

Entonces surgió la idea, al interior de la procuraduría, de apaciguar a los mandos de la televisora de San Ángel a través de otra información exclusiva: la detención "en vivo" de una banda de secuestradores en la que había participado una ciudadana francesa.

Así fue como se negoció la transmisión del operativo entre el entonces titular de la SIEDO, el fallecido José Luis Santiago Vasconcelos, y Amador Narcia, vicepresidente de Noticias de Televisa. Las personas consultadas dijeron que no estuvieron al tanto ni Leopoldo Gómez, jefe de Narcia, ni el vocero de la PGR, José Luis López Atienzo, de cómo había ocurrido el trato. Por cierto, éste último, por no conocer el asunto, habría convococado a otros medios a presenciar el operativo.

El la televisora se revisaron horarios y se determinó que la operación sería transmitida en el espacio del noticiero matutino de Carlos Loret de Mola, por lo que el reportero asignado para la cobertura sería Pablo Reinah. Naturalmente, el periodista también estuvo al margen del trato y simplemente se le dijo: "te vas a cubrir con equipo móvil".

También se dijo que la francesa ya había sido detenida desde varios días antes y estaba aún a disposición de la autoridad ministerial cuando se hizo la escenificación de su captura para la prensa.

Cuando el escándalo de una posible violación a los derechos de Cassez comenzó a crecer, Televisa reaccionó culpando a los menos indicados: el reportero Pablo Reinah y el jefe de éste, el coordinador de redacción de noticias nacionales, Ernesto Zavaleta. Ambos fueron despedidos. Sólo Reinah demandó y ganó; al final terminó arreglándose con la empresa para bajarle al ruido que había causado ya este asunto.

Dicen también que Genaro garcía Luna y Luis Cárdenas Palomino salieron embarrados porque eran los jefes operativos de la AFI, que dependía de la PGR y dieron la cara en la escenificación. Pero que en realidad fue su superior jerárquico, Santiago Vasconcelos, quien había armado el plan para lucirlo ante los medios.

Hoy, a poco más de seis años de la captura de Cassez, se revive el caso del supuesto montaje cuando la Primera Sala de la Suprema Corte entrará al tema no para descalificar o aprobar las resoluciones judiciales, sino para verificar errores procedimentales, a partir de lo que señala la Constitución, que pudieran traducirse en violaciones a las garantías de la presunta secuestradora.

Y los militares... ¿volverán a sus cuarteles?

El presidente y su jefe de policía.

Hoy Felipe Calderón encabezó un acto en el que reafirmó que su jefe de la policía, Genaro García Luna, es el gran salvador de un país abatido por el narcotráfico, el crimen organizado y la hasta ahora incontenible violencia que ha afectado a comunidades enteras.

Con la presentación de la División Científica de la Policía Federal, a cargo del mencionado secretario, ya se tiene operando prácticamente al 100 por ciento esta corporación que de 6 mil pasó a casi 37 mil efectivos y que se convierte así, dice el presidente, en la mejor que ha tenido el país.

Esta es una de las siete divisiones -entre ellas la antinarcóticos y de inteligencia- que se fueron integrando a una policía en la que había casi prácticamente agentes de caminos... y militares. La inversión del nuevo equipo e instalaciones para cerrar este círculo fue de 700 millones de pesos.

Para presentar a una Policía Federal operando ya en su totalidad se tuvieron que hacer ajustes, desde capacitar a marchas forzadas a jóvenes universitarios con el apoyo de países como Colombia, Alemania e incluso la India, hasta crear una nueva ley interna que hasta le permitiera tomar atribuciones de dependencias como la PGR, entre ellas la de investigar y hacer labores de inteligencia.

Por eso pareciera que parte de lo que se presentó en la mañana era muy similar, por ejemplo, al área de servicios periciales de la fiscalía federal.

Pero en síntesis, el anuncio de la División Científica de esta Policía Federal -dirigida, por cierto, por una mujer, Maribel Cervantes Guerrero, de manera inédita- significa el regreso a sus cuarteles de los militares que actualmente tienen el control de los operativos antinarco que han significado un fuerte dolor de cabeza para el presidente, fundamentalmente por el número de víctimas colaterales en esa guerra.

Tan sólo la Secretaría de Marina, y así lo reconocen sus datos internos, ha llevado a cabo un promedio de 80 operativos por día contra el narcotráfico durante los últimos cinco años, más de la mitad catalogados como "de alto impacto".

Hoy, Calderón fue firme al asegurar que los soldados ya podrán regresar a sus cuarteles y que debe ser una corporación civil la que tiene la obligación de estar en las calles, pero bien armada y con una doctrina diferente a la que se tenía.

Y entonces cobra relevancia la campaña encabezada por el propio García Luna para exhibir las deficiencias en las que se encuentran las policías locales en el país, entre las que destacan su descomposición generalizada, corrupción y vínculos con las organizaciones criminales.

Quedan nueve meses de administración federal para que el presidente cumpla con lo que declaró y, si se puede, para demostrar que México tiene ya la super policía que tanto presumió en un magno acto en el que estuvieron sus secretarios de Estado, gobernadores, grupos sociales y representantes de los medios de comunicación.

Comienza a contar el reloj.

Ridículo de procuradores

Uno dio la cara y el otro cometió el error.


Su pecado: hablar.

Mientras que el procurador del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, difundía la captura de un presunto feminicida y violador serial, este sujeto se le fugaba al fiscal del Estado de México, Alfredo Castillo, que lo mantenían bajo custodia.

César Armando Libera Legorreta, alias El Coqueto, es señalado por cometer por lo menos ocho delitos contra mujeres, fundamentalmente en la ruta de microbuses que circulan de Valle Dorado, en Tlalnepantla, al paradero del Metro Chapultepec, en el Distrito Federal. Es decir, se trata de un feminicida peligroso que se ocultaba como chofer del transporte público que prometía darles "aventón" a sus casas, muy noche, para que no tuvieran que tomar un taxi.

El procurador capitalino informó el lunes la captura de este presunto delincuente, quien se encontraba arraigado por autoridades mexiquenses en instalaciones de la fiscalía de Tlalnepantla.

Casi al mismo tiempo del anuncio, Libera, quien se encontraba esposado de pies y manos, se fugó de las instalaciones mexiquenses y hasta hoy ignora su paradero.

El procurador Castillo Cervantes, amachado, dijo hoy en conferencia de prensa que les será fácil atraparlo y le advirtió, en tono de burla, que no tenía ni donde esconderse y que estaba ubicado.

A El Coqueto, de acuerdo con las autoridades capitalinas, se le considera un “sujeto peligroso”, y entre sus víctimas se encuentra una empleada de una empresa televisora, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en la calle General Primm, cerca de la Secretaría de Gobernación.

Rodríguez Almeida dijo durante la mañana del lunes que Libera se encontraba detenido y en las próximas horas se daría a conocer su situación jurídica. El funcionario no sabía que el presunto violador se escaparía hasta minutos después, cuando fue notificado por autoridades de la entidad vecina.

Su pecado: el mal trabajo.

En el Estado de México implementaron de inmediato un operativo de búsqueda, que incluía zonas muy alejadas de Tlalnepantla y otros municipios conurbados, con la colaboración del Distrito Federal, ante la sospecha de que funcionarios que tenían a esta sujeto bajo custodia pudieran haber recibido un “pago” para ayudarle a escapar, detallaron fuentes consultadas.
Con el tiempo y de acuerdo con los avances de esa búsqueda, en la cual las instituciones involucradas están muy interesadas en tener éxito, habrá que ver qué procurador se libra primero de la crítica: el "bocón" o el inútil.

Fox y el PRI, blancos de la PGR

Morales, la investigadora.

La procuradora Marisela Morales lo ha dicho y lo reiteró apenas el mes pasado en la reunión con los reporteros que cubren la fuente. La institución a su cargo no se utilizaría con tintes políticos en el actual año electoral.

“De ninguna manera, la procuraduría solamente cumple con su función Constitucional y así va actuar de manera responsable con estricto apego a la ley y sin ningún tipo de presiones ni de interés partidista ni de ningún otro tipo”, repitió lo que ya había mencionado, meses atrás, cuando fue aprehendido Jorge Hank Rhon.

Sin embargo, mientras que los grandes asuntos de delincuencia organizada y narcotráfico han quedado diluidos -Joaquín El Chapo Guzmán está lejos de ser capturado, ya lo reconoció el secretario de Marina Francisco Saynez, y a Saadi Gadafi, el hijo del dictador libio Muammar Gadafi, ya hasta lo consideran víctima de tráfico de personas, por lo que no hay acusaciones en su contra-, se fortalecen, mientras tanto, investigaciones contra aquellos políticos que puedan generar ruido o estorbar al gobierno panista en sus aspiraciones electorales.

Guzmán Loera, el olvidado.

Primero, se dio a conocer la reactivación por enriquecimiento ilícito de varias averiguaciones previas en contra del ex presidente Vicente Fox. En el interior de la PGR se habla de que sí, como puede imaginarse, esta decisión obedece a una serie de declaraciones del ex mandatario en contra de las políticas de Felipe Calderón. "Le quieren callar la boca", dicen los servidores públicos y hasta al ex amigo de Fox, Lino Korrodi, se le hizo extraño que se tomara la decisión de revivir aquellas indagatorias que se extenderían a Marta Sahagún y a los hijos de ésta.

"Si ahora sí va en serio, sí voy a declarar", asegura Korrodi, poco convencido.

La semana pasada, con diferencia de unas horas, los medios informativos difundieron dos noticias en las que los protagonistas son, otra vez, la PGR y políticos, en ambos casos ahora del PRI.

La primera: la retención en el aeropuerto de Toluca de 25 millones de pesos a un empleado del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y las dudas, por supuesto, surgieron. ¿Cómo encontraron en dinero en una terminal aérea donde se realizaría un vuelo local? ¿Por qué la información fue filtrada a un medio informativo nacional?

La segunda: la existencia de una alerta migratoria para que se avisara a la PGR de la entrada y salida del país, a través de los aeropuertos nacionales, de tres ex gobernadores de Tamaulipas: Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.

Fox, el peligro.

La alerta se lanzó por una serie de investigaciones judiciales en contra de los ex mandatarios por presuntos delitos de narcotráfico. De la misma forma, la información de filtró a un par de medios; la PGR negó esta autoría pero se tardó 17 horas en salir a hacer una aclaración por demás absurda. En síntesis, dijo que la procuraduría no había emitido dicha alerta y que ésta no implicaba que los personajes tuvieran prohibido salir del país.

Esto último es cierto, pero también es verdad que una vez notificada la PGR de los movimientos de cualquier persona que forma parte de una investigación, ésta puede ser declarada por el Ministerio Público Federal o hasta detenida, acogiéndose la autoridad ministerial a la figura de "caso urgente". Es decir, Cavazos, Yarrington y Hernández están en poder de la procuraduría de Marisela Morales.

Yarrington, nuevo capo a seguir.

Ellos tres, el gobernador Duarte y el ex presidente Fox son, por lo tanto y para resumir lo que sucedió las últimas semanas, la prioridad para nuestra fiscalía general que sigue arrastrando su imposibilidad por detener las múltiples muertes por narcotráfico que persisten en el país, a falta de investigaciones sólidas que mantengan en prisión e inahbiliten a los verdaderos operadores del crimen organizado.

Y “La Reina”, ¿de qué se ríe?

Foto: EFE

Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como “La Reina del Pacífico”, logró otro triunfo contra la justicia mexicana y está muy cerca de abandonar la cárcel de El Rincón, en Nayarit.

La presunta colaboradora de los capos que componían la denominada “Federación” ganó un amparo para no ser extraditada a Estados Unidos por delitos contra la salud, en específico por un cargamento de nueve toneladas de cocaína que fueron localizadas en el buque Maciel, uno de los pocos pendientes que tenía su defensa para absolverla de toda acusación ligada contra el crimen organizado.

Y es que el juez 13 de Amparo en Materia penal, Jesús Alberto Chávez Hernández, resolvió que Beltrán Ávila, acusada en los Estados Unidos de pretender distribuir 100 kilogramos de cocaína, y de ser copartícipe de aquel embarque de 900 kilogramos de esa droga, no puede ser juzgada en dos países distintos por un mismo delito.

Ya desde diciembre de 2010 una absolución judicial a su favor y de su pareja sentimental, Juan Diego Espinosa Ramírez,  “El Tigre”, significaron el fracaso de una investigación de más de seis años encabezada por el Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) y por la Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada entonces por Genaro García Luna.

La cercanía del actual secretario de Seguridad Pública con el CISEN obedece a que se formó en esa institución a la que ingresó en 1990, a los 21 años de edad, antes de formar parte de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la AFI.

En la institución dependiente de la Secretaría de Gobernación se desempeñó como subdirector de Protección, jefe del Departamento de Investigación Técnica de la Dirección de Servicios Técnicos y como investigador de la Subdirección de Asuntos Extranjeros.

Ya como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en octubre de 2007, éste funcionario elaboró un informe “de inteligencia”, donde detallaba el papel que jugó la pareja, absuelta por un juez como enlace entre el cártel mexicano de Juárez y el colombiano conocido como del Norte del Valle.

“El Tigre” era señalado el principal contacto entre los más importantes capos de la droga mexicanos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en aquel país actúan con grupos del narcotráfico.

Por su parte, Ávila Beltrán supuestamente apoyaba a los distintos capos de la droga asociados para ganar terreno a sus adversarios a través de su titularidad en empresas fachada. A ella le correspondía  apoyar a los establecidos en el cártel de Juárez, en específico al grupo de Ismael “El Mayo” Zambada, como lavadora de dinero.

A “La Reina”, todavía presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal, se le encontraron más de 220 propiedades en territorio mexicano, algunas utilizando algún nombre falso.

El documento de la SSP explica la importancia de “El Tigre” para mantener en contacto a grupos ilegales de Colombia con México. Trataba, por ejemplo, con los aún cabezas del cártel de Juárez,  “El Mayo” Zambada, Juan José Esparragoza, alias “El Azul”, y Vicente Carrillo Fuentes.

Sin embargo, su comunicación se ampliaba hacia los hermanos Beltrán Leyva y hasta con el prófugo y uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, según la revista Forbes, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En la época en la que se centraron esas investigaciones (todo el año 2001), todos ellos eran integrantes de la hoy disuelta asociación de narcos a la que se conocía como La Federación.

García Luna documentó, entonces, que con esta asociación de capos, los cárteles de Juárez y Sinaloa comenzaron a actuar como una gran empresa en la que redujeron riesgos de pérdidas y se enfrentaron sin tanto problema a sus adversarios: las organizaciones de los Arellano Félix y del Golfo, las cuales recibieron los peores golpes por parte de las autoridades federales durante la administración de Vicente Fox.

El reporte de la SSP detalla que Espinosa Ramírez, originario de Barranquilla, Colombia, exportó con su organización a Estados Unidos más de 500 toneladas de cocaína con un valor superior a los 10 mil millones de dólares, entre 1990 y 2004.

El texto explica que con la caída de los cárteles de Cali y Medellín, a finales de los 80 en Colombia, Diego Montoya, también identificado como “Don Diego”, se convirtió en el vínculo entre el cártel del Norte del Valle y las FARC.

“Don Diego llega a un acuerdo con la guerrilla para hacer el acopio de la hoja de coca, procesarla y trasladarla hacia Estados Unidos y México.

“En la década de los 90, Juan Diego Espinosa, ‘El Tigre’, sobrino de ‘Don Diego’, es enviado a México para encargarse de las relaciones entre el cártel del Valle del Norte y las organizaciones criminales que integran el cártel de Sinaloa”, indica el informe.

Montoya fue atrapado en el segundo semestre de 2007 en territorio colombiano, pocos días antes de la caída de su sobrino, caído en el Distrito Federal. Durante ese corto periodo de libertad, “El Tigre” se hizo cargo de la dirección de la organización delictiva sudamericana.

Estratégicamente, “El Tigre” se había establecido desde la década de los 90 en Guadalajara, Jalisco para controlar desde ahí el tráfico de cocaína en territorio mexicano y desde ahí mantener sus enlaces con Colombia, donde operó junto con “La Reina del Pacífico”, a quien hizo su pareja sentimental.

Los dos fueron atrapados el viernes 28 de septiembre de 2007, con sólo unas horas de diferencia, en la capital mexicana, presuntamente ligados con el aseguramiento, en 2001, del buque “Maciel” en Manzanillo, Colima, donde eran trasladadas 10 toneladas de cocaína.

Oficialmente se dijo que la investigación se había llevado más de seis años a través de un trabajo coordinado entre el CISEN y la flamante AFI, cuyo titular era García Luna.

Estos datos sustentaron las acusaciones que retomó la Procuraduría General de la República (PGR) para consignarlos por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, contra la salud (narcotráfico) y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

El 3 de diciembre de 2010, el titular del Juzgado 18 de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Norte, Fernando Córdova del Valle, resolvió que las pruebas aportadas por las autoridades federales no aportaban “los elementos necesarios” para sostener las acusaciones.

“No se acreditan las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión en que los nombrados sentenciados ejecutaron las conductas ilícitas por las que fueron acusados en este proceso”, señala el juzgador en referencia a la causa penal 101/2003.

“El Tigre” fue extraditado a Estados Unidos el 2 de enero de 2009, donde recibió la noticia de su absolución por los delitos cometidos en México, donde la PGR aún podía impugnar la resolución judicial a favor de los dos presuntos delincuentes a través de un tribunal unitario.