Los reporteros de Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco o Chihuahua han tenido que idear sus propios métodos de trabajo para no morir o ser víctimas de delitos graves, como si estuvieran en la guerra.
Desde hace años, para ellos es común manejar en sus noticias solamente la información oficial que respaldan las autoridades en los temas de narcotráfico, crimen organizado y violencia. Es decir, se basan en comunicados, conferencias de prensa y entrevistas, muchas de ellas "banqueteras".
Los periodistas que tienen este tipo de coberturas se han tenido que olvidar de dar a conocer las notas exclusivas, los super hallazgos o las imputaciones contra funcionarios o altas autoridades. Por supuesto, también están orillados a ignorar los mensajes, avisos y comunicados de los grupos de la delincuencia organizada. Es decir, han llegado a la autocensura por el temor de perder la vida.
México, con tres casos en lo que va del año, encabeza las listas de periodistas asesinados por la realización de su trabajo. Lo peor es que la protección a estos profesionales es prácticamente nula; los medios de comunicación no cuentan con manuales o alguna serie de procedimientos que les cuiden las espaldas, y por si fuera poco, no existe una fiscalía fuerte que garantice investigaciones para evitar que estos crímenes se sigan cometiendo.
Para muestra, basta con observar que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR tiene recibidos 60 casos de agresiones contra estos profesionales, de los cuales se han archivado 25 y se ha determinado el no ejercicio de la acción penal en 16. El resto son los que han arrojado resultados positivos: 15 aún esperan sentencia y en cuatro se ha logrado la consignación de los presuntos responsables.
Se dice que el cártel del Golfo, cuyo brazo armado es un grupo de sicarios conocido como "Los Zetas", es el que mayor control tiene del ejercicio periodístico a través de sus instrumentos y procedimientos tecnológicos, aplicados por ex militares que se pasaron al bando contrario, y que les permiten mantener un estricto control de lo que hacen los reporteros en las calles de los territorios que tienen dominados.
A últimas fechas, esta situación ha empeorado. Ya no se habla sólo de "zetas" ni tampoco únicamente de los corresponsales establecidos en los estados como víctimas de estos ataques. Ya existen avisos de que las localidades donde operan otras organizaciones de narcos también son controladas por los delincuentes, y también de que las agresiones y los secuestros van dirigidos a los enviados de los medios informativos nacionales que acuden a estos lugares a realizar reportajes.
O sea, el bloqueo, las amenazas y el miedo avanzan. Urge que tanto las grandes empresas de comunicación como los periódicos, televisoras y estaciones de radio pequeños se unan y trabajen en un código de protección conjunto. Urge también que desde las universidades a los jóvenes periodistas se les informe lo que les espera si están pensando en cubrir asuntos de violencia, o de que les vayan dando a conocer medidas preventivas, quizá en estos momentos a través de las experiencias que han vivido los corresponsales de los estados.
Los planes gubernamentales y el trabajo policial, según nos muestra la realidad, no han funcionado. Las agresiones, "levantones", muertes, amenazas e intimidación continúan. No sabemos cuánto empeorarán.
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