Quizá los índices de violencia generados por el crimen organizado, a partir del número de homicidios, no se hayan incrementado, lo cual podrá ser un argumento de los gobiernos de nuestro país de que ha logrado una contención del problema.
Sin embargo, y los propios informes internos oficiales dan cuenta de ello, la gravedad de este tipo de ilícitos tiene que ver fundamentalmente con sus características, sobre todo cuando hablamos de los blancos hacia los que van dirigidos.
Primero, los delincuentes se enfrentaban entre ellos para ganar espacios, después los ataques hacia los cuerpos de seguridad fueron subiendo de tono hasta hablar en algún momento de eventuales "cacerías" de policías federales, quienes ya no podían andar solos en poblaciones consideradas como conflictivas.
Después las agresiones -y de esto ya tiene un rato- comenzaron contra presidentes municipales. Se habla de 14 casos ya en lo que va del año, lo que significa una cifra histórica.
La violencia, no obstante, tiene hoy otros nuevos tintes y empieza a preocupar que los blancos sean integrantes de la población civil a través de agresiones más bien ligadas con asuntos de terrorismo.
Hace poco más de dos años, un primer aviso fue el estallido de artefactos explosivos en plena noche del Grito de Independencia en el centro de Morelia, Michoacán, en una plaza llena de gente.
Pasaron los meses y aparentemente este evento no sería una constante en territorio nacional. Sin embargo, el pasado fin de semana ocurrió un nuevo ataque dirigido a la población civil. Una granada de fragmentación fue arrojada por desconocidos que circulaban en un vehículo hacia las personas que transitaban por la plaza central del municipio de Guadalupe, Nuevo León.
El saldo fue de 15 personas lesionadas, entre ellas varios niños. Ninguna de ellas con heridas de gravedad, pero sí con crisis nerviosas ante un suceso nunca antes visto en estas pequeñas comunidades.
Paralelamente a este hecho, en Acapulco, Guerrero, fueron privados de su libertad 22 turistas provenientes de Morelia, Michoacán, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
En ambos asuntos ya intervienen las autoridades federales a través de la PGR, pues no cabe duda de las características de estas aparentemente nuevas situaciones en las que se busca generar miedo, temor y terror en la población común.
Efectivamente estos niveles de violencia ya estaban previstos, un documento de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna de hace aproximadamente tres años da cuenta de ello. Lo que no saben a bien las autoridades es cómo poder enfrentarlos y contenerlos.
Hoy hay una nueva tarea sobre cómo encarar al nuevo frente abierto de la delincuencia organizada. ¿Será con los mismos operativos y a través de las acciones impulsadas desde el gobierno federal con los que de alguna manera ha justificado los altos niveles de violencia que padece nuestro país?
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