Dos "familias", una perredista y otra de narcos (michoacanas ambas, para más detalles) pusieron a pelear el Ministerio Público y a los jueces, representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial.
Hoy tuvo que salir a dar la cara el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, para explicar que la liberación de funcionarios locales de Michoacán, del PRD y presuntamente ligados con el cártel de "La Familia Michoacana", fue una "gandallez" de un juez, el primero de Distrito.
El procurador al servicio de Felipe Calderón aseguró que ya interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juzgador Efraín Cázarez López y amenazó con recurrir a las instancias correspondientes para revertir la liberación de alcaldes y otros funcionarios michoacanos.
La subprocuradora al servicio del procurador Chávez dio más información sobre los motivos del malestar en la PGR. Según Marisela Morales, pese al criterio utilizado por los tribunales unitarios, en apelación, al confirmar la formal prisión con base en testigos colaboradores, el juez consideró que los testimonios de éstos carecían de valor por haberse emitido sin la asistencia de defensor.
"Respecto a las libertades decretadas en incidente de libertad por desvanecimiento de datos, debe decirse que los inculpados durante el proceso penal no aportaron prueba que desvirtuara de manera contundente las imputaciones que habían en su contra, tal como lo exige la Ley en estos casos.
"Sin embargo, el juez primero de Distrito en Michoacán, no consideró esto al resolver que las pruebas incriminatorias se habían desvirtuado, lo que trajo como consecuencia la libertad de ocho ex servidores públicos", trató de darse a entender la subprocuradora Morales.
Además, el juez federal adscrito a Michoacán, en nueve casos, no sólo decretó "en forma cuestionable" la libertad de los inculpados, sino que actuando en total contradicción a la ley, resolvió al momento mismo de decretar la procedencia de la libertad por falta de elementos y la libertad por desvanecimiento de datos, el sobreseimiento del proceso, sin contar para ello con fundamento legal alguno, lo que implica que con esa determinación impide al agente del Ministerio Público de la Federación presentar pruebas y reactivar el procedimiento.
Y siguieron los supuestos errores del juez: decisiones contradictorias y respaldar alguna solicitud de un hijo de Servando Gómez, alias "La Tuta" y ligado con "La Familia Michoacana", por ejemplo.
De 32 funcionarios de la "familia" perredista que estuvieron bajo preoceso penal, hoy no hay uno solo en la cárcel. A esto hay que añadir la vergüenza que tuvo que enfrentar la Policía Federal en su operativo para impedir que Julio César Godoy Toscano, hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, tomara protesta como nuevo diputado.
Resulta que el joven Godoy Toscano, con orden de aprehensión, se les "coló" a la Cámara de Diputados mientras los agentes seguían revisando cajuelas de autos de personas inocentes, y tras rendir protesta, el perredista obtuvo automáticamente el fuero constitucional que impidió su captura.
Y el balance es, de nuevo, otra racha de días malos para el gobierno federal.
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