Las acciones concretas para proteger a los periodistas de los ataques del crimen organizado siguen sin existir en nuestro país.
Hace unos días fue el Noroeste de Mazatlán, hoy es El Diario de Ciudad Juárez. Este medio informativo, de manera desesperada, pero con enojo y con valentía, difundió un editorial con un mensaje al narcotráfico y otro a las autoridades. Fue decisión propia, sin el apoyo ni el respaldo de nadie más.
No se trata de la solidaridad que todos nosotros en lo individual mostremos, la que decenas de reporteros y reporteros gráficos reflejen en una honesta marcha de protesta o a través de los cientos de twitters que se envíen como apoyo reproduciendo o condenando un hecho.
El problema es que seguimos sin un protocolo de trabajo, sin directivos y dueños de medios de comunicación que asuman el compromiso de que sus empresas marchen con libertad y sus periodistas trabajen sin miedo. Hasta hoy siguen sin ponerse de acuerdo, sin llevar a cabo una sola reunión, sin enviarse mensajes con propuestas y el resultado es el que estamos viviendo: cada casa editorial que actúe por su cuenta; es decir, que se rasque con sus uñas cuando viva en carne propia el ataque, la muerte.
De las autoridades responsables de prevenir e investigar estos hechos, mejor ni hablar.
Los jóvenes fotógrafos Luis Carlos Santiago Orozco y Carlos Manuel Sánchez Colunga esta vez fueron las víctimas directas de las balas. Hay cabos sueltos en el hecho registrado en el estacionamiento de un centro comercial de Ciudad Juárez el jueves pasado. ¿Por qué a ellos si tienen tan poco tiempo ejerciendo su labor profesional?, ¿por qué días después del atentado apareció la esquela con el nombre del primero de ellos junto al cuerpo de otra persona ejecutada?, ¿por qué sospechan que la agresión fue un error?
Todas esas interrogantes ya no importan. Importa el libre ejercicio de la profesión, la tranquilidad de las familias de trabajadores honestos y la confianza de una ciudadanía que debería saber que recibe información fidedigna, exclusiva y sin censuras de por medio, mucho menos provocada por criminales.
Una Corte afectada
La muerte, por infarto mientras vacacionaba en Londres, del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, deja a nuestra Suprema Corte "coja" en la tendencia que pueda tener para próximos casos pendientes de resolver.
No olvidemos que el ministro Gudiño pertenecía al ala liberal, por eso es que apoyó la aprobación de los matrimonios gay, la adopción por parte de este tipo de uniones y la liberación de personas de Atenco encarceladas.
El presidente Felipe Calderón ahora habrá que nombrar a una terna para que el Senado, en un plazo no mayor a 30 días, decida quién será el nuevo ministro que no sabemos qué postura tendrá.
Lo preocupante es que la Corte, de por sí, ya estaba dividida en partes iguales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario