El gobierno federal insiste en que no nos parecemos en cuestiones de violencia a Colombia, pero toma sus previsiones por si acaso. Por ello mantiene, desde hace nueve años, asistencia de colombianos a los policías de nuestro país.
Las acciones conjuntas, además de intercambio de información, incluyen la participación de policías sudamericanos en rubros como operativos, cateos y diligencias ministeriales y procesales.
Estas acciones se encuentran establecidas en el Acuerdo de Cooperación en Materia de Asistencia Jurídica entre México y Colombia, firmado en 2001. En esa época y con este instrumento, se iniciaron las investigaciones en contra de Juan Diego Espinosa, alias "El Tigre", y su pareja sentimental, Sandra Ávila Beltrán, conocida como "La Reina del Pacífico", detenidos en la Ciudad de México justo hace tres años.
El texto establece que entre los dos países se podrán prestar asistencia jurídica en el intercambio de información, pruebas, enjuiciamientos y actuaciones en materia penal.
La asistencia incluye varios rubros, entre ellos la localización e identificación de personas y bienes, la recepción de testimonios e interrogatorios, las medidas cautelares sobre bienes e incluso la ejecución de registros domiciliarios e inspecciones judiciales, es decir, la aplicación de cateos.
Incluso, y aunque lo lo señale textualmente el documento, se sabe que agentes colombianos infiltrados en México aplican programas como el de Entrega Vigilada.
Si se pregunta sobre este hecho a las autoridades mexicanas, aseguran que los
policías extranjeros no encabezan ninguna de estas investigaciones, sino que porporcionan y reciben información como observadores o testigos.
El acuerdo señala que las dos partes, en este caso México y Colombia, "se obligan a prestarse la más amplia asistencia jurídica" en distintas etapas que se deben seguir después de que se cometió una conducta delictiva: en la realización de investigaciones, de procesos y de procedimientos penales.
En otro de sus párrafos, el acuerdo incluye el traslado de su país de origen de imputados, testigos o peritos, quienes no podrán ser perseguidos o detenidos por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la parte requerida.
Incluso se especifica que el gobierno solicitante de estas personas debe cubrir los honorarios, gastos de viaje, alojamiento u otros gastos generados durante el traslado por asistencia jurídica.
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